José Ayala Lasso

Más sobre la corrupción

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La generalidad de las personas identifica a la corrupción con el uso indebido de los fondos públicos, con la codicia que mueve inclusive a quienes parecen ser personas honestas, a caer en la tentación del “arca abierta”. Son menos los que dan la debida importancia al papel que, en el degradante camino de la corrupción, cumplen quienes “abren el arca” de manera tal que hasta los “justos” puedan pecar. Se proclaman incorruptibles pero detestan los controles y los vuelven inoperantes, se limitan a condenar la corrupción que ya no pueden negar, pretenden justificarse ante la opinión pública, y “defienden su honor”.

Todo funcionario público debe asumir la responsabilidad ética, política y legal por sus actos y los de la institución que dirige. Si los controles que se crean en un estado democrático para fiscalizar tal conducta actuaran con virtuosa seriedad, bien se podrían eliminar los cerrojos de las arcas del estado ya que nadie, por respeto a la ética y por temor a una justicia tan imparcial como severa, se atreviera a tocar indebidamente los dineros del pueblo.

Pero cuando se interviene, directa o indirectamente, en los órganos de fiscalización para evitar que cumplan con su deber, se está dando el primer gran paso en el camino de la corrupción.

El sentido común y la doctrina aconsejan que las obras públicas se hagan mediante concurso abierto. Así, a la mejor oferta se adjudicará el trabajo. Si, por el contrario, se decreta el “estado de emergencia” para que la autoridad otorgue contratos a su arbitrio, se estará abriendo el arca para que hasta el justo peque; si la legislatura, en olvido de sus deberes, se mueve más por la voluntad de ser útil al poder, habrá abierto las arcas para que el justo peque; si una justicia moldeada por la mano del Ejecutivo, condiciona sus fallos a la conveniencia política, habrá abierto las arcas para que hasta el justo peque.

¡Y qué decir del ejecutivo que, achacando todo afán de fiscalización a los “enemigos del pueblo” o a los “mismos de siempre”, ofrece homenajes a los presuntos corruptos y hasta facilita su salida del país mientras enjuicia y encarcela a quienes descubren sus pecaminosos procedimientos!

Sin instituciones confiables de control, no le queda más recurso al pueblo que expresar su desaliento y condena haciendo uso de su derecho de opinar en las urnas acerca de cómo quiere que se construya el futuro de la patria.

Y mientras tanto, con todo recurso legítimo, con toda idea que sirva para aclarar y descubrir la verdad, seguros de que sí es posible luchar exitosamente contra la corrupción, a los ciudadanos nos incumbe el deber de exigir que se lleven a cabo los procesos investigativos previstos por la ley y que se dé a cada cual lo que le corresponde: castigo al culpable y reconocimiento al inocente.