Jorge León

Militares obedientes, retirados insolventes

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Los militares son obedientes, no deliberantes, recuerda el Gobierno y concordamos. Más democratización implica que los militares no deciden de política y se profesionalizan en sus funciones de defensa y seguridad. Obedecen la Constitución, no posiciones partidarias.

Las FF.AA. hicieron pasos decisivos en este sentido, en el pasado. Quedaba algo de prácticas “militaristas”, esas de defensa de intereses de sí mismos como grupo de presión (fuero particular..) que Correa restringió positivamente. También su peso como un estamento con muchas ventajas (propiedades, ser parte de decisiones clave...). Contradictoriamente, trató que sean parte de la visión de AP.

La exigencia de obediencia es una justificación para exigir silencio ante cuestiones no militares. Al parecer, los militares tenían razón para el descontento como funcionarios, con sus derechos, para defender lo que les corresponde de una venta legal y sobre la decisión del Gobierno de descontar de su fondo de pensiones (privado, no público) un hipotético sobreprecio de esta venta. Pues, el salario de origen público o privado es el pago por un trabajo y pertenece al trabajador igual que su fondo de pensiones, aunque el Gobierno aporte para ello (“Nosotros financiamos al Issfa. Todo es pagado por el Gobierno”). No puede disponer de ellos.

Del lado militar y del Gobierno, la venta del terreno de Los Samanes llama la atención. Terrenos comprados por el Issfa en 18 millones en 1998, ahora los avalúan en 8 millones. Impresionante: la tierra se devalúa en un lugar de valoración. En 2010 el mismo gobierno los compra en 48 millones. Podría ser excesivo, pero en su época de nuevo rico, el Gobierno que quería su parque aceptó –y rápido- o ¿adulaba así a los militares? ¿Por qué aceptó el avalúo de la Dinac? Fue un contrato en debida forma; tanto que para el arreglo, el Gobierno propuso ahora otros lotes de vivienda y el pago disminuido.

A la invención del “superávit” del IESS, diluyendo sus fondos, se añaden ventas con sobreprecios que se cambian y chantajes de reducción de pensiones de oficiales. Se les exige silencio. Esa búsqueda de dineros a toda costa devela que la situación fiscal es grave. Se crea mayor inseguridad en los actos legales, pues se encontrará tanta venta indebida. Un milagro para tener entradas para un Fisco sediento.

Calza mal esto si se quiere inversiones y crear confianza. El afán del dinero inmediato deshace las propias políticas gubernamentales.

Al tocar el fondo de jubilaciones del Issfa, crea un conflicto de trabajadores que seguirá aunque se invoque que la Constitución garantiza un futuro seguro; si ahora se reducen los fondos previsionales y se busca dinero para gasto corriente, mañana no habrá fondos públicos.

Los conflictos sociales no terminan con la imposición; al contrario, así se crea más causas ‘morales’ para más indignación y protesta.