Lolo Echeverría Echeverría

El jeroglífico nacional

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Ecuador es el único país en el mundo donde las autoridades han enjuiciado penalmente al director de una empresa de estudios de la opinión pública y realización de encuestas electorales.

Aunque las encuestas son realizadas con métodos científicos y, al menos en Ecuador, por empresas autorizadas que hayan demostrado capacidad profesional y recursos técnicos, pueden equivocarse como ha ocurrido recientemente en todo el mundo, desde Inglaterra, pasando por Estados Unidos hasta Colombia.

Las encuestas electorales no son profecías ni causantes de victorias o derrotas; solo son herramientas para conocer lo que piensa y siente la gente en un momento determinado acerca de los candidatos y sus estrategias. Lo saben muy bien hasta los más sencillos electores pues no se guían por encuestas para votar, ni siquiera se dejan influir por ellas, según los expertos. Los famosos consultores políticos Jaime Durán Barba y Santiago Nieto dicen en su último libro que las encuestas “utilizadas como propaganda no sirven para nada”, y luego añaden: “Por lo demás, si un candidato quiere mentir, no tiene sentido que haga una encuesta tramposa porque es más barato producir un documento en el ordenador y poner los números que le plazca”.

Es lo que hizo, según parece, un empleado de Cedatos, empresa dedicada a esta actividad desde hace 43 años.

El espontáneo decidió publicar sus propias opiniones acerca de lo que pasaría en las últimas elecciones, con el título de “Escenarios de segunda vuelta”. Esas opiniones, alejadas de los datos oficiales de la empresa, favorecían con amplitud al candidato de Alianza País. Difundió esa información sin autorización de los directivos pero al amparo del nombre y prestigio de la firma. Si lo hizo por genialidad, por torpeza, o pagado por alguien, dirán los jueces; por ahora es un testigo protegido en el inédito y peregrino juicio de la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ahora Ministra de Justicia, en contra de Polibio Córdova de Cedatos por “falsificación y uso de documento falso”. El caso judicial está basado en información robada de archivos informáticos ajenos.

Este caso es parte de la triste rutina de la década correísta que se prolonga, por esa exasperante inercia, en el gobierno de Lenín Moreno.

Son los mismos jueces, algunos manejados por correo electrónico según las recientes revelaciones, son también los mismos funcionarios que forman parte de ese equipo de no se sabe si conversos, traidores, oportunistas o leales, pero visto por todos como provisional.
Se supone que la consulta popular viene a remediar esta gelatinosa política a la que todos quisieran verle alguna dirección, mientras escudriñan, armados de paciencia, los gestos y dichos buscando la clave para descifrar el gran jeroglífico nacional.

Lo más importante es no caer en la desesperación mientras esperamos a Godot.

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