Lolo Echeverría Echeverría

Izquierda acorralada

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Una racha de justicia camina por América Latina. La frase se refiere a la desgracia que aflige a varios gobernantes de la región.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, capaz de inventar complots y planes de magnicidio casi a diario, no sabe qué inventar para espantar el proceso revocatorio que ha iniciado la oposición con la recolección de firmas ya entregadas a doña Tibisay Lucena, del Consejo Nacional Electoral. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff ha aceptado que su mandato concluirá posiblemente esta semana cuando el Senado inicie el proceso de destitución y le suspenda del cargo por seis meses. Se trata de una venganza, dice, y habla de volver, seguramente para tomar también venganza política.

En Argentina, doña Cristina Fernández calla como muerta mientras su socio Lázaro Báez sufre en la cárcel. Debe preocuparle más la ley de extinción de dominio que se viene en la Cámara de Diputados donde se han presentado al menos 10 proyectos que pretenden que el Estado recupere los bienes de la corrupción antes de que los acusados sean declarados culpables.

En Ecuador, el presidente Rafael Correa purga los pecados de despilfarro con la angustia de la escasez muy mal sobrellevada. Sigue negando la crisis mientras incrementa la deuda, impone nuevos impuestos y esquiva a los acreedores. La justicia no es todavía un problema, pero la campaña electoral que se aproxima sacará a la luz muchas denuncias que la oposición, seguramente, las tiene guardadas.

Una nueva preocupación para los gobiernos de izquierda proviene de la Organización de Estados Americanos. El secretario general, Luis Almagro, espera una misión de Venezuela para luego estudiar si corresponde la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Maduro. Se trata de un precedente fundamental porque es el primer caso en el cual la OEA atiende un pedido de la oposición. La aplicación de la Carta Democrática permitiría una salida para los casos en que un gobierno autoritario secuestra un país y se prolonga indefinidamente en el poder forzando interpretaciones legales.

Los países firmaron la Carta Democrática Interamericana en Lima en el 2001 para garantizar el ejercicio democrático en el Continente. La OEA puede intervenir solo con el consentimiento del país, pero el artículo 20 establece una excepción cuando “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. En este caso se establece la posibilidad de convocar una reunión inmediata de la OEA “para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que considere conveniente”.

Los cuatro gobiernos vivieron días felices con abundantes recursos a repartir y con inéditos índices de respaldo popular. Ahora están probando que “sic transit gloria mundi”, como decían los romanos para expresar que las glorias son pasajeras.