León Roldós

El ISSFA no da más

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Hay coincidencia en admitirlo, del Gobierno y de quienes están en servicio activo y en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. Los primeros siempre llegarán a convertirse en los segundos.

En identificar las causas, a las que atendiéndolas y superándolas debe encontrarse soluciones, en éstas en sí y en el procedimiento a seguirse están las diferencias, agravadas con la fraseología de marcar jerarquía, como el uso de la palabra “subalterno”, para tachar a quienes están en el mando militar, cuando la racionalidad exige intentar coincidir, más allá de las jerarquías, sustentando razones para explicar el porqué de las propuestas y valorando argumentos de quienes piensan diferente y formulan otras propuestas.

El Gobierno sostiene que la causa principal está en la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas y de su régimen de seguridad social, tachando que en remuneraciones, cesantías y pensiones jubilares se privilegia en forma excesiva a los oficiales generales y almirantes y luego a otros sectores de oficiales, quedando como “patitos feos” –expresión mía- los del personal de clases y tropas.

Su solución: una baja sensible, para todos, más para la oficialidad, de los valores de cesantías y pensiones jubilares, por lo cual también se bajarían los aportes personales, convirtiendo lo que no se le deduciría al personal militar activo en incremento de remuneraciones -los críticos lo tachan de “porción de pan para ahora y hambre para mañana”- y también bajarían los aportes del empleador –que es el mismo gobierno-, que así se ahorra ese dinero.

Del otro lado está el personal militar que se resiste a analizar la propuesta gubernamental, porque desconfía. De principio, cree que debe haber sustento técnico, estudios actuariales, incluyendo lo de los tiempos mínimos para el retiro, y participación del actual directorio del ISSFA.

El principal factor de desconfianza está por la pretensión del gobierno de apropiarse de más de USD 41 millones de la negociación impuesta de los terrenos de los Samanes en Guayaquil.

Impuesta porque el 2010 los directivos del ISSFA fueron conminados a aceptar la “oferta” de los USD 48 millones del Ministerio de Ambiente, supuestamente por decisión presidencial, con concurrencia de una serie de unidades del gobierno, en que los actores ahora quieren escudarse en un supuesto “error de buena fe”, para arrebatarle – al ISSFA y a los militares, sus beneficiarios- más de USD 41 millones, argumentando falso carácter vinculante a un documento de la Contraloría, en que lamentablemente hay errores demostrables, quizás por desinformación.

¿Y el mando militar?, sometido a la presión del poder civil que puede destituirlo y al reclamo del personal militar “no deben traicionarnos”.


lroldos@elcomercio.org