Puedo entender -pero no justificar- que la Ley de Medios que se está aprobando en la Asamblea sea censuradora, coercitiva y punitiva. Es una necesidad estratégica de un Régimen con talante autoritario y poco democrático que desea limitar la libertad de expresión para afianzar su poder político.
Lo que jamás podré entender -y, peor aún, justificar- es que sean periodistas quienes promuevan una Ley como aquella. Se supone que quienes estudiaron periodismo o lo ejercieron durante un lapso importante de sus vidas, lo hicieron porque amaban y admiraban aquel oficio.
Se supone que en la universidad o en el quehacer periodístico cotidiano aquellas personas se dieron cuenta lo importante que es para su profesión poder trabajar sin cortapisas o amenazas. Se supone que quien trabajó de periodista lo hizo porque creía que aquel oficio le honraba como persona.
¿Qué hacen unos periodistas aupando una Ley que amenaza con destruir los puntales de la prensa libre? Es una pregunta sin respuesta para mí. Es que la Ley de Medios está concebida desde el repudio al periodismo; desde la noción de que se trata de un oficio innoble y conflictivo; desde la idea de que es una actividad perniciosa que hay que limitar a como dé lugar.
Hay artículos ominosos, como el 18, que otorga al periodista el derecho a demandar al medio para el que trabaja, si este no publicase el contenido -fotos, audios, textos, videos- producido por él. Se trata de un texto malicioso cuyo único fin es crispar la relación entre los periodistas y sus editores.
El objetivo de aquel artículo es claramente político -afectar la cadena de mando en un medio- e ignora por completo cuestiones periodísticas de fondo, como el efecto negativo que aquella regulación pudiera tener sobre la calidad de la información emitida y la deformación profesional que pudieran tener los jóvenes periodistas que se estrenan en el oficio. (¿Qué va a ser de ellos cuando esta oleada autoritaria termine? No van a tener ningún referente periodístico serio que les permita defenderse en su vida profesional futura’).
La conformación del Consejo de Comunicación es otro asunto escandaloso: se otorga preeminencia al Ejecutivo en un órgano que va a tener enorme capacidad de influencia sobre el desenvolvimiento de los medios privados de comunicación. ¿Puede alguien en sus cabales creer que el político de turno no va a utilizar aquella instancia para atacar a los medios que él considera adversos a su régimen?
Ironía de ironías: periodistas auspiciando un cuerpo legal que desprecia el ejercicio del buen periodismo y convierte una supuesta Ley de Medios en un instrumento para limitar la libertad de prensa y consolidar el poder de un Régimen.