Pablo Ortiz García

Invitación a irse

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 0
Triste 0
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
20 de September de 2013 00:01

Ante la imperiosa necesidad de que empleados públicos abandonen sus cargos, el presidente Correa expidió el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, a través del cual se determina que aquellos funcionarios que "deseen", podrán "presentar voluntariamente su solicitud de retiro de servicio público" (artículo 288). Si la petición es "aprobada" por la máxima autoridad de la institución en la que trabaja, el Estado "reconocerá al solicitante un estímulo y compensación económica". Esto no es la jubilación, sino un bono adicional por el hecho de dejar libre un puesto, que días más tarde, o casi de inmediato, será ocupado por un obediente seguidor del partido de gobierno.

El Ejecutivo parece no analizar el nivel de recursos que compromete por las distintas dádivas, bonos, viajes, etc., que concede en su afán clientelista. Se olvida que los ingresos del Fisco, si bien son altos, no son inagotables. El endeudamiento es fácil de obtener, pero algún día se paga. Pues en el Reglamento referido, ante la bonanza de dólares por un alto precio del petróleo, inicialmente se dispuso que este "estímulo y compensación económica" se pague, al menos, un 50% en efectivo, en caso de que no haya disponibilidad presupuestaria. El resto en bonos del Estado. Es decir, podían recibir algo en "cushqui", para cubrir los gastos para subsistir luego del "alejamiento voluntario" de la institución pública a la que pertenecían.

Pues como las condiciones económicas del país han variado radicalmente, y el dinero no alcanza, el Presidente de la República decidió (R. O. septiembre 12 de 2013) que esa bonificación se pague en un cien por ciento en bonos del Estado. El "removido" se irá a su casa con las manos, literalmente hablando, vacías, ya que ni siquiera tendrá el bono del Estado, puesto que es inmaterial, no tiene representación física (papel). Es una anotación en cuenta (informático) en un registro público en el ciberespacio. Pero como usted conoce, si el propietario del bono desea efectivizarlo, quien se lo compra no lo adquiere al valor fijado. Tendrá un descuento, por lo que el "despedido" no recibirá lo que nominalmente le correspondía. Es decir, pierde.

Adicionalmente, la transferencia del bono se la debe efectuar en la Bolsa de Valores, lo que representa costos: las comisiones de la bolsa y del intermediario entre la compra y venta (casa de valores). En otros términos, a quien supuestamente se le quiso beneficiar con la "compra" de la renuncia, se le perjudica. Al Estado también se le "golpea" por cuanto tiene que pagar el valor íntegro del bono de quien fue invitado a salir de la función pública, y debe asumir el sueldo de quien lo reemplaza. Negocio que nadie gana, excepto el partido de gobierno que tiene más gente metida en la burocracia pública.