Columnista Invitado

El valor de invertir

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Enrique Ossorio

En América Latina, como en cualquier otra parte del mundo, la definición de cómo se administran los recursos públicos y las prioridades que se establecen desde los Estados a la hora de proyectar el destino de los mismos, no pueden ser evaluadas solo desde un costado económico sino que el direccionamiento del gasto público dice mucho más: nos permite ver cuáles son los objetivos y las acciones de un proyecto político para lograrlos.

El desarrollo necesita financiamiento, pero no a cualquier precio. En tiempos donde las diferencias entre los partidos políticos ya no son tan profundas y circula más slogan que contenido real, el presupuesto nacional de un país aparece como un insumo más que interesante al momento de analizar una gestión de gobierno. Nada más concreto que la forma en que un país decide el futuro de las inversiones y gastos.

La foto del presupuesto de nuestro país habla por sí sola y no tiene matices. Hemos visto distintos casos en la región que son muy claros para ilustrar dicha afirmación como países donde -en determinado periodo de su historia- se destinaba más dinero al pago de su deuda externa que al financiamiento del propio sistema educativo, u otros países del concierto internacional que invierten más en seguridad o en su carrera armamentista que en otras áreas más sensibles para la población.

Sin duda, se trata de establecer prioridades como cuando cualquier persona administra su dinero para vivir partiendo de la premisa básica, y sobre todo en países de América Latina, de que los fondos con los que se cuenta nunca son los suficientes. En la misma línea puede interpretarse que en aquellos rubros donde la presencia del Estado merma es porque se puede estar especulando con dejarle al mercado y al sector privado espacio para avanzar en dicho sector.

En este sentido, el presupuesto ecuatoriano para el 2016 es un documento más que significativo. En el caso de la salud y la educación, que ya nadie discute como factores trascendentes para el progreso, si el Estado no interviene para equilibrar, solo podrán acceder a estos derechos, aquellos que pueden pagar para ello.

La educación y la salud deben ser entendidas como aspectos fundamentales del desarrollo humano. La revolución ciudadana en Ecuador así lo asumió desde un principio, y sigue siendo coherente en sus fundamentos desde el momento en el que, a pesar de que la coyuntura es desfavorable debido a la caída de los precios del petróleo, no piensa dar marcha atrás en ese sentido. Todo lo contrario: según los últimos anuncios habrá incrementos para el año próximo.

Es decir, que prevalece lo humano por sobre lo económico: la educación y la salud no son variables de ajuste. La decisión de invertir en determinadas áreas es una definición política por excelencia porque implica una valoración positiva que, además de poner el foco en las clases más desfavorecidas, concibe a la salud y a la educación como fundamentales para la construcción del futuro.