21 de April de 2010 00:00

Inversiones

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Manuel Terán

Menudo revuelo ha causado la noticia que el gobierno mantiene retraso en el pago al IESS del porcentaje comprometido por Ley para el pago de las pensiones jubilares, suma que superaría los 700 millones. Pero si esa información ha generado polémica, mayor perturbación han originado las palabras de la Ministra de Economía que, en términos sencillos, ha señalado que ¿para qué pagarle al Seguro Social si esa entidad tiene dinero? En otras palabras, no importa que la norma legal imponga obligaciones, simplemente no se la respeta. No es excusa para que el portafolio de economía incumpla sus obligaciones decir que el ente administrador de la seguridad social posee recursos. El hecho es que hay una norma legal que ordena un pago y hay que cumplirla. Bajo el argumento esgrimido, todo deudor podría arguir que no paga sus créditos porque el acreedor tiene recursos, excepción inaceptable desde la época de los romanos en que empieza a configurarse los principios que rigen la teoría de las obligaciones. Si el propósito es no atender ese pago deberían modificar la ley, algo a lo que no se atreverían porque el sistema de reparto defendido con ardor por los que ahora son gobierno simplemente colapsaría.

Hay que ser objetivos y decir que no sólo este Gobierno sino todas las administraciones han incumplido con este pago. Tampoco es excusa para continuar con la misma práctica de épocas pasadas. Lo anterior ha dado pie para que los ciudadanos se pregunten ¿por qué el IESS sigue prestando dinero a un deudor incumplido? Las autoridades del Seguro se defienden señalando que el Estado no ha dejado de pagar por el dinero prestado, algo que no está en duda; sin embargo, adeuda los valores por concepto de aportes para el pago de pensiones jubilares, lo que lo convierte en moroso con esa entidad.

También mencionan que es un gran negocio prestarle al Estado y que no haya demanda privada. En el primer caso será negocio siempre y cuando los recursos entregados no terminen pulverizándose en el evento de un colapso de la dolarización. En cuanto al escaso requerimiento de fondos privados, se produce porque este Gobierno ha sido hostil con la iniciativa privada. ¿Cuántos proyectos de envergadura están a cargo del sector privado?

Las cifras lo dicen todo. Caída de la inversión con las consecuencias nefastas en las altas tasas de desempleo y subempleo. Si se habría abierto la oportunidad para que el sector privado arriesgue, se hubiera inyectado recursos frescos a la economía y existiría una demanda que dinamice el mercado de valores. El Estado hubiera podido atender sin premuras sus actividades esenciales. No se lo hizo y los resultados están a la vista. Si se persiste en esa política el riesgo de tener tan alta concentración de las inversiones en un solo deudor está latente, peor si se trata de un deudor urgido que incumple con sus obligaciones.

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