Óscar Vela Descalzo

Intromisión perversa

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La actividad política es parte esencial de la vida en sociedad. Aunque intentemos mirar de lejos, la evitemos, la repudiemos o pretendamos que nos es indiferente, la política está presente en cada uno de los actos de convivencia entre seres humanos.

En los estados de derecho, que se caracterizan por la división de poderes, la política se involucra en la organización social, gubernamental y estatal, es decir, en todos los ámbitos de la vida en sociedad, pero es la separación de poderes la que impide que exista una intromisión perversa de cualquiera de las funciones del Estado (casi siempre la ejecutiva), en las otras funciones.

Un sistema judicial confiable, administrado por un organismo apolítico e independiente, conformado por jueces probos, capaces, instruidos y honestos, refleja el grado de madurez social y política de una nación. Por el contrario, la intrusión del ejecutivo en la justicia, resulta mortal para la seguridad jurídica. Si el poder se mezcla con los asuntos judiciales, desaparece la confianza en la administración de justicia y todo lo que se encuentra al interior de las cortes y juzgados se transforma de inmediato en sospechoso, turbio o presumiblemente corrupto.

En un estado de derecho, los jueces y magistrados que forman parte de la función judicial tienen la obligación de resolver sus causas en función de los méritos del proceso, sin admitir jamás la injerencia del poder, de la mano negra del cohecho o de otras fuerzas ajenas al expediente de juicio.

Vale la pena recordar en este punto, con otro ejemplo, cómo se manchó recientemente un proceso por abuso sexual contra un menor de edad, cuando intervino en él un abogado al que se lo vincula con el gobierno. Este tipo de casos, que por su naturaleza deben ser reservados y protegidos de forma estricta, salió a la luz y se convirtió en un escándalo público por la intrusión de la política en medio de la justicia. Y valga también la oportunidad para comentar las múltiples manifestaciones que se han dado al respecto en las redes sociales, hecho que tampoco puede pasar por “normal” en un caso que se debe resolver en la corte, por juez competente, con base en las pruebas y actuaciones de las partes, y no en Facebook o Twitter utilizando para el efecto la opinión o manifestación de un colectivo. Tanto la víctima como el acusado tienen el derecho de que su causa se tramite de acuerdo con las leyes y con respeto absoluto a los principios constitucionales inherentes al proceso.

La cultura en sus múltiples manifestaciones es otro de los campos apetecidos por el poder político. Ya sea por temor, incomodidad, ignorancia o por pura estrategia, la cultura ha sido históricamente objeto de intromisiones perversas del poder con el objeto de manipular, adoctrinar, orientar, censurar o silenciar a los artistas, y, de este modo, construir a medida lo que los totalitarismos tanto anhelan: sociedades aborregadas, bobas, incapaces de reaccionar, cuestionar y reflexionar.