¡Si que el Gobierno desorienta a la población! Durante muchos meses proclamó al mundo que lo sucedido el día siguiente al 29 de septiembre del 2010 (se ha prohibido mencionar esa fecha, ya que registró“30-S” como propiedad exclusiva del gobernante), fue un intento de golpe de Estado, con propósito de aniquilar al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, léase economista Correa. También se desinformó, con el dramatismo habitual de la publicidad gubernamental, al mencionar que al Presidente se le maltrató mientras permanecía en una habitación del Hospital de la Policía.
Pero en el Decreto 998 publicado en el Registro Oficial de enero 25 pasado, a través del cual se renueva la declaratoria del Estado de Excepción en las instalaciones de la Asamblea, la teoría del golpe de Estado se descarta. Ya no se habla de intentona de desestabilizar el sistema democrático sino de lo que realmente se produjo. Esto tiene una explicación: el Presidente al suscribir el Decreto no tuvo cámaras, ni siquiera las de sus obedientes periodistas asignados a los medios de información pública, por lo que no había motivo para el discurso de barricada con frases ajenas a la realidad del 29 más uno de septiembre.
En el Decreto se dice que los sucesos del día después del 29 de septiembre “son hechos que comprometen el cabal cumplimiento del artículo 163 de la Constitución”. Esta norma contempla las obligaciones de la Policía Nacional, y que sus miembros (los señores policías) deben actuar para prevenir el cometimiento de delitos empleando medios “de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza”. Nada se dice del intento de asesinar al Presidente.
En otro considerando del Decreto 998 se señala que la “Asamblea fue una de las instituciones afectadas por la insubordinación policial” (¿no era golpe de Estado?). Pero es monstruoso que el Presidente reconozca la inoperancia de su Ministro del Interior, al afirmar que los efectos de los sucesos del 29 más 1, “todavía no han podido ser superados a pesar de los intensivos esfuerzos”. De lo que recuerdo sólo han perseguido y castigado a policías. ¡Ineficientes! Aparte de esta revelación histórica de los hechos , en el Decreto 998 se ordena la movilización de los militares para garantizar la seguridad en todas las instalaciones de la Asamblea, ¿no es esa una atribución exclusiva de la Policía, prevista en el artículo en que se basa el Presidente para la expedición del Decreto?
Si bien el Decreto en mi opinión es inconstitucional, al menos se conoce la verdad en palabras del Presidente que lo suscribió: se trató de una “insubordinación policial”, nada más. Ahora sí, ¡dejémonos de vainas!