No acostumbro a escribir del mismo tema, lo hago ahora con la esperanza de advertir al Presidente y Canciller de la importancia de nuestra posición con respecto a la Declaración de Santiago de 1952 y los limites marítimos. No tengo ninguna animadversión contra el Perú, todo lo contrario, cuando teníamos problemas territoriales con nuestro vecino del sur, impulsé una solución que dejara atrás años de conflicto y nos permitiera incrementar la infraestructura fronteriza, las relaciones culturales y socioeconómicas y abrir vías que enlacen al Ecuador con la Amazonía, lo que aún no ocurre.
Según la posición mantenida por Ecuador, en los acuerdos del Pacífico Sur se estableció el paralelo geográfico como límite marítimo entre los tres países firmantes. En concordancia con eso, nuestro país firmó con Colombia en 1975 un tratado estableciendo el paralelo a partir del punto medio de la bahía Ancón de Sardinas como limite marítimo entre los dos países, a pesar de que en este caso, la aplicación de la bisectriz nos hubiera favorecido.
En el artículo 15 de la Convención del Mar, aprobada por la ONU en 1982, se determina que la delimitación del mar territorial entre Estados con costas adyacentes sea en base a una línea media con puntos equidistantes de las de base, a menos que existan derechos históricos o acuerdos previos. Desde entonces, inspirados por los geopolíticos peruanos Edgardo Mercado Jarrín y Fernando Morote Solari, las autoridades del Perú sostienen que en la Declaración de Santiago de 1952 y el Acuerdo de Lima de 1954 no se establecieron límites marítimos sino líneas referenciales para la pesca.
No se tiene que dañar nuestras buenas relaciones con el vecino del sur, sobrados beneficios se han dado desde que dejamos atrás nuestros ancestrales conflictos, por el contrario, para preservar esta provechosa etapa de paz y desarrollo debemos claramente afirmar nuestra posición a las autoridades peruanas y ante cualquier foro internacional, que el paralelo geográfico es el limite marítimo que rige entre nuestros países desde 1952.
Debemos adherirnos a la Convemar ratificando esta realidad histórica, y si Perú no está de acuerdo, planteará una controversia. Si eso ocurre, y Ecuador no hubiera declarado su posición en la discrepancia que actualmente se ventila en la Corte Internacional de Justicia entre Perú y Chile, podríamos tener un grave problema.
El actual Gobierno, al haber suspendido la existencia de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, conformada tradicionalmente por personalidades entendidas en aspectos internacionales, no tienen un órgano consejero que lo oriente en transcendentales decisiones.