Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

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1. ¿Qué lectura se debe dar al dato oficial de inflación de mayo (0,03%) y que opina del cálculo de decrecimiento del PIB que estima el Gobierno?

Desde un punto de vista de la economía general, el comportamiento de esta variable es satisfactoria. Se podría decir que por fin se encuentra en un nivel compatible con la variación de precios en los EE.UU., país emisor del dólar, moneda adoptada por el Ecuador como oficial.

Desde julio del año pasado se viene apreciando una conducta declinante de la variación de los precios y un decaimiento de la inflación. Ahora, la dinámica de la modificación de los precios ha regresado a los niveles que se los alcanzaron entre los años 2004 y 2006. Obviamente, los precios, en valor absoluto son superiores, pero demuestran con su cambio de velocidad la existencia de un proceso macroeconómico distinto de aquel que se presentó hasta el año 2014. Ahora el país atraviesa por una contracción del consumo sostenida en el tiempo, sin viso de solución, derivada de la pérdida de recursos que se visualizan en los pasivos del sistema financiero, así como en la balanza de pagos; la carencia de amortiguadores financieros (fonditos), la desproporción del aparato público, en fin todo ese complejo panorama de desequilibrios macroeconómicos que agobian al país.

El peligro a la vista es la incorporación de una etapa deflacionaria, derivada de las debilidades existentes para el mantenimiento de las actividades privadas, en un ambiente de descomposición pública y fuerte restricción externa. Esa amenaza, desconocida por la sociedad, merece atención, pues su enfrentamiento es tan difícil como el de una inflación no deseada o superior a la que podría ser considerada como tolerable.

Para los consumidores, el dato también es bueno pues demuestra una preservación del poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo, su declinación avisa la presencia de un desequilibrio en el mercado del trabajo y en la demanda agregada, cuyo nuevo nivel no asegura la cobertura de la oferta de mano de obra. En pocas palabras: más desempleo a la vista. Confirma la presencia de una gestión nacional que profundiza los daños sociales.

Con relación a la estimación del PIB, de a poco, como lo ha hecho en otras ocasiones, el Gobierno se acerca a las versiones externas. Ahora busca un culpable: el terremoto, pero lo cierto es que todo el país siente la contracción de la economía desde hace más de un año. Lo que no se sabe es, si esto responde también a los cuestionamientos académicos presentados sobre los datos oficiales, cuyas respuestas de parte del BCE han sido evasivas

Son tan fuertes las restricciones o el estrangulamiento por el que atraviesa el país, que se evidencia en el desplome de las recaudaciones tributarias, la reducción de la inversión pública, para no machacar solo sobre el deterioro de las ventas en general, así como la debilidad de la inversión privada.

El Banco Mundial se ha sumado al FMI y a muchos institutos nacionales, como Cordes, en predecir la caída del PIB en este año de un 4%, y en un porcentaje similar el 2017.

2. ¿Qué le parece la cifra oficial de los daños del terremoto?
Finalmente, tenemos datos para poder evaluarlos, discutirlos, precisarlos. Ahora, coincidamos o no con ellos, es posible trabajar en el diseño sobre las formas de atenderlos.

Según el Gobierno, el 67% lo tiene que cubrir con sus recursos y solo el 33% le corresponde a los privados (exactamente la inversa de los datos históricos de otros eventos). Pero aún bajo ese supuesto y respetando los montos, que personalmente me parecen excesivos, también comparados con los modelos de estimación, es difícil aceptar que los daños en infraestructura pública (energía, vías, agua, puerto, escuelas, hospitales) sean de 2 250 millones y, esos daños en el sector privado no lleguen a 60 millones (vivienda, locales comerciales, edificios, hoteles).

¿Cómo se llega a esa cifra? Simple. Si a los 1 032 millones de daños por costos productivos (pérdida de ventas, paralización de producción y consumo), se suman 59 millones, se llega al total del daño privado que, según el Gobierno, es 1 091 millones.

Ya no queda duda alguna de la desproporcionalidad de los impuestos creados y el monto, que deberá atender este y el nuevo gobierno para la reconstrucción de las áreas dañadas. Por eso se combatió tanto al fideicomiso de rentas en el BCE.

3. ¿Qué opina de la concesión del puerto de Posorja?
Es la primera operación de Asociación Público Privada de singular valor. Se la dedica a un proyecto reconocido como necesario para el país. Este tipo de infraestructura mejora la competitividad. El riesgo lo asumen empresas, que para el efecto son privadas, aunque la mayor accionista es pública, pero ambas desvinculadas del Gobierno nacional.

Más allá de los términos particulares del convenio, en el cual no se garantiza monopolio (así lo han declarado) y se le somete a una competencia limitada, como ocurre en este tipo de servicios, pues esa es la realidad, y si las tarifas van a enmarcarse precisamente en ese plano de competencia, incluso de carácter internacional, para captar carga de tránsito que haga viable al proyecto, es lógico deducir su conveniencia. Esto diferencia con los proyectos en los cuales se endeuda el Gobierno. Aquí no hay riesgo de recursos nacionales. Si les va bien o mal, es problema de los inversionistas.

Es una obra de infraestructura que debe ser rentable en términos razonables al riesgo asumido.

4. ¿Es viable vender los activos del Estado, habrá compradores?
Sí lo es. Todo es cuestión de precio. Lamentablemente, la circunstancia actual y el estado de esas empresas no ofrecen un resultado adecuado.