Inquietudes nacionales

1. ¿Qué impactos reales causa en la economía el aumento de los impuestos a las herencias?

Todo impuesto desproporcionado, cualquiera que fuere su objetivo o forma de establecerlo, sin ninguna duda ocasiona distorsiones en el funcionamiento de la economía (viejo axioma de finanzas públicas). En la mayoría de los casos, las deformaciones acarrean costos implícitos y explícitos (sociales y económicos) superiores a las metas fiscales buscadas que, además, normalmente no se las alcanzan. Deterioran la potencialidad de crecimiento. Retraen la inversión. Propenden a formar mercados de trabajo frágiles, con incapacidad para atender a la oferta de mano de obra. Desplazan a otras jurisdicciones las instalaciones de ciertas industrias.

En el caso de la propuesta planteada por el Gobierno, es evidente la proscripción del empresario dentro de la organización económica. El impuesto es tan alto que es una confiscación de una proporción desmesurada del patrimonio creado a lo largo de muchos años de gestión, luego de pagar múltiples impuestos e incluso atender la participación de sus trabajadores, ahora compartida por el Gobierno Nacional.

Esta proscripción de facto se convierte en un severo limitante para el funcionamiento vigoroso de la relación trabajador-empresario, pues la motivación del segundo en crear fuentes de trabajo derivadas de planes de inversión, simplemente declina o hasta desaparece. Ahí pierden los dos y con ellos el país. ¿Acaso el Gobierno los va a sustituir? Me refiero a los empresarios, pues si es mala la acumulación de capital (ese es el mensaje de fondo), es de imaginarse que el siguiente paso será profundizar el proceso.

En esa perspectiva, la propuesta no aportará a favor de la redistribución de la riqueza, pues el mismo Gobierno reconoce su baja recaudación, pero pondrá al país en una órbita económica que repulsa la inversión privada, inclusive la extranjera, pues la ley incluye a los inversionistas no residentes.

Los efectos serán progresivos. La experiencia de otros países lo confirma. En el corto plazo se apreciarán cambios de conducta en el manejo de la liquidez. A mediano plazo será difícil convencer a quienes tengan excedentes económicos para que los pongan a trabajar en el Ecuador. Y pensar que, en las condiciones actuales, a pesar que la brecha externa ya ha derivado en una declinación del crecimiento, reconocida con cierta tardanza por el BCE, que con seguridad será de mayor calado, el Gobierno adopta esta decisión de contravía evidente.
La balanza de pagos tendrá otro factor de desfinanciamiento. En lugar de entrar capitales, saldrán. Ahuyentará la capitalización de empresas de toda índole. Promoverá la distribución de utilidades y el endeudamiento para mantenerlas operativas.

Debilitará el aparato productivo. Creará un riesgo crediticio ante potencial cambio de control de la empresa y debilidad patrimonial. ¿Para qué capitalizarlas? Si luego el tributo a la herencia llevará a que el patrimonio sea aprehendido por el Gobierno. Afectará al derecho de propiedad. Impulsará prácticas opacas de posesión.

Las inequidades se reducen en países con crecimiento sostenido. Tratan con igual delicadeza a la mano de obra, cuidando su formación para obtener mejores remuneraciones, como al capital, albergando su sostenibilidad en un ambiente de seguridad y certeza. Ningún país que fomentó la lucha de clases triunfó. Es más, todos fracasaron.

Si una de las dos partes falla, no hay bienestar futuro de la sociedad. Y esta ley destroza esta premisa funcional.
2. ¿Cuánto puede recaudar el Fisco de un impuesto como este?
Ni el Gobierno tiene idea clara de su potencial. Solo afirma que ese no es su objetivo pues no espera conseguir mucho. El SRI estima una recaudación cercana a 40 millones de dólares anuales. En los países en los cuales se experimentó este tipo de tributos desquiciantes, los resultados fueron decepcionantes. El caso sueco, relatado el domingo pasado en este diario por Martín Pallares, es elocuente.

En definitiva, se esperan malos resultados recaudatorios (así lo dice el Gobierno) y, a pesar de aquello impulsa una ley que traerá daños profundos en la estructura productiva.
3. ¿Por qué el Gobierno considera perversa la acumulación. Se logra equidad con este impuesto?

Es el resumen de una visión ideológica marxista. Los argumentos expuestos en su defensa nos recuerdan los viejos y superados debates sobre la consistencia y viabilidad de los regímenes estatizados. El siglo pasado experimentó dos formas de buscar el bienestar colectivo: por la vía de un sistema mixto de mercado y mediante una estructura de control total por parte del Estado (con el ostracismo de todas las libertades). El final lo conocemos: la segunda estrategia sucumbió estrepitosamente y es la que consideró perversa la acumulación de capital. En términos sociales, no solo que no se consiguió la equidad sino que se generalizó la pobreza.

4. La Asamblea tiene ya el impuesto a la plusvalía, ¿qué implicaciones tiene en la economía?

Lamentablemente, es otra propuesta que trae malas noticias. Tiene un evidente afán recaudatorio. Establece un tributo tan alto (75% de la llamada ganancia extraordinaria) que podría poner en riesgo buena parte de la actividad constructiva.

Desestimula la inversión personal inmobiliaria, pues la rentabilidad no gravada (ganancia ordinaria) no toma en cuenta las características de la inversión, sus propios riesgos y la pone a nivel de la financiera sin tomar en cuenta la inflación.

Este sector, demandante de mano de obra masiva y de formación básica, que duplicó su participación en el PIB en este siglo, declinará su dinamismo. Traerá daños en los indicadores sociales de equidad e ingreso. Conjuntamente con el impuesto a la herencia son dos factores desestimulantes.

apachano@elcomercio.org

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