1. ¿Cómo mira las propuestas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario entregadas al Presidente?
Es un primer paso que podría ayudar a comprender un poco más la dirección de la política económica. No parece ser de gran valor cuantitativo, pero podría traer consigo el signo cualitativo de un mayor compromiso hacia el entendimiento y la construcción de una sociedad con mayores capacidades de concertación.
Estas posibles reformas, que confinan las aspiraciones empresariales pueden ser entendidas como un eslabón que se construye de esta forma por las limitaciones actuales derivadas de los desmesurados desequilibrios básicos, pero que debe dar paso a la consolidación de este foro público- privado, creado precisamente por el gobierno, para ampliar su campo de trabajo hacia la concertación del Plan Económico; y, establecer los siguientes pasos necesarios de corrección del estrangulamiento al que llegó la economía nacional. Bajo ese prisma, puede ser una buena señal.
2. ¿Se puede llegar a un acuerdo bilateral con el Reino Unido?
De producirse el Brexit, que demuestra complejidades de alta gama para su realización, habrá necesidad de analizar objetivamente la posibilidad de mantener los actuales términos acordados con la UE para aplicarlos bajo el paraguas bilateral.
Si todo va dentro de lo que se establece en la normativa comunitaria, se supone que el plazo para la conclusión de esta negociación europea se producirá a mediados del 2019. Ahora bien, si las partes no llegan a cerrar todo el espectro de temas involucrados, según las regulaciones contenidas en el convenio aquello llevaría a la aplicación del principio que señala en términos simples: “si todo no está acordado, nada lo está”. En ese caso, el desmembramiento o salida del Reino Unido tendría las características de un rompimiento violento, que por sus múltiples consecuencias, podría llevar a las partes a decidir la extensión de este proceso.
En cualquier caso, para el Ecuador no debería ser un problema mantener las condiciones acordadas con la UE para convertirlas en bilaterales con el Reino Unido. No se si a ellos también les convenga; pero bajo una mirada rápida y conceptual, sus intereses deberían coincidir.
3. ¿Qué hay que hacer para cambiar el perfil de la deuda?
Para realizar cualquier planteamiento es indispensable contar con un Plan Económico oficialmente acordado, con metas definidas de crecimiento, de corrección de los desequilibrios fiscal, externo y financiero, para bajo ese marco establecer la capacidad de pago de la economía y los términos contractuales con los acreedores externos e internos que lo hacen viable.
No hay manera de tratar a la deuda descolgada de un programa multianual, en el cual jueguen sus respectivos papeles los distintos agentes económicos públicos, privados, internos y externos, vinculados con el Ecuador. Ahí luce inevitable el restablecimiento de relaciones con todos los multilaterales, con los gobiernos que tienen acreencias públicas o en los cuales se asientan las empresas financieras o comerciales que han prestado al sector público y, con el propio sistema financiero internacional.
El principio de tratamiento equitativo a todos los acreedores, especialmente privados y gubernamentales, con la exclusión de los multilaterales por sus características peculiares, debe ser un elemento central de la estrategia que escoja el gobierno. Es más, esta negociación debe llevarse adelante asegurando flujos de capitales mientras se llegan a los acuerdos pertinentes. De otra manera, el estrangulamiento financiero de la balanza de pagos puede ser asfixiante.
4. ¿Se puede derogar o modificar la Ley de Plusvalía, que efectos trae?
El gobierno ha dicho de manera bastante clara que en su opinión esta ley ocasionó daños indiscutibles en el funcionamiento de las actividades vinculadas con los bienes raíces, la construcción, el empleo y por supuesto la inversión privada y la macroeconomía.
Con esto en mente, parecería recomendable derogar toda la ley y volver a las condiciones anteriores de funcionalidad de este concepto tributario, que dígase de manera clara, es un rezago de los conceptos marxistas de la política económica.
En la economía moderna, la renta del capital, cualquiera que sea su origen debe tener una carga tributaria general, de ser posible uniforme y progresiva. La proveniente de la inversión en bienes raíces no puede ser castigada por esa visión arcaica, que en muchos países ha sido ventajosamente superada.
Esta ley forma parte de un cuarteto de reformas que hicieron pedazos al más importante instrumento de crecimiento y generación de empleo: la inversión. Las otras tres son; ley de herencia, ley de responsabilidad laboral ilimitada o suplementaria (fin del concepto de sociedad anónima) y ley de tributación a ganancias ocasionales de capital (chao a los mercados de capitales).
En conjunto su rendimiento recaudatorio es muy pequeño, pero el daño a la decisión de invertir es enorme. En todos los países en los cuales se las impuso, en poco tiempo debieron revertirlas por su capacidad de destrozo de la dinámica económica y la propensión a profundizar la salida de capitales. Si se las elimina, no habrá sacrificio fiscal, pero el impacto en la motivación a volver a pensar en realizar proyectos en el Ecuador podrá cambiar la atonía actual.
No hay que olvidar que el problema más complejo, dentro de los tantos que conocemos, es el derivado del fuerte recorte de ingresos de divisas producto del trabajo normal de la economía. Esta restricción condiciona todo el espectro económico y sin una solución propia, legítima, no hay posibilidad de recuperar la dinámica.