1. ¿Economista, qué nos puede decir de la medida de ampliar el techo de la deuda por decreto?
Es un artificio que tiene un conflicto evidente con la realidad económica. Subir el tope de endeudamiento limitando el saldo de la deuda, sólo responde a una conveniencia transitoria y no al respeto de los principios de estabilidad fiscal.
Además, para que quede claro, cuando se aprobó el límite legal (40% del PIB, que también es arbitrario), esta nueva definición o forma de calcularla, no existía. De haber existido, el límite sería menor. Aún más, en la historia del país no existe un antecedente de esta naturaleza. Desde la fundación del FMI, allá por los mediados de los año 40 del siglo pasado, el Ecuador nunca ha tomado una decisión similar o parecida.El concepto de deuda, con el cual el país siempre trabajó fue el valor bruto de la deuda contraída. No importaba el plazo, la forma de adquirirla, a quien se debía o como se había realizado operación.
En este gobierno empezaron las exclusiones y la falta de transparencia. Todas sin ningún criterio técnico. Desde hace rato, no se cuentan los Cetes (obligaciones a menos de un año plazo), los anticipos de petróleo, los bonos comprados por el BCE, los atrasos, los anticipos recibidos por impuesto a la renta; y, si queremos ser estrictos, incluso los contingentes. Deducir, ahora las obligaciones emitidas por el gobierno, mantenidas como inversiones en entidades públicas, descentralizadas, autónomas, para calcular el tope con el PIB, advierte a todos a tener cuidado en la forma de realizar los análisis de sensibilidad de la deuda pública. Habrá que mirar la consistencia de la serie histórica, que con seguridad deberá ser enmendada, como ya ocurrió en los inicios de los años 80.
Durante el Triunvirato Militar de los 70, se prohibió al Banco Central el acceso a la información de deuda militar de la Junta de Defensa Nacional. Sólo con el advenimiento de la democracia, se pudo actualizar la información, pero debió imputarse parte de este endeudamiento a los 1980 y 1981.
Si se revisa con cuidado todos los informes del FMI, en ninguno se hace la discriminación de la que habla el gobierno nacional. Incluso, en el último relativo al crédito de rápido desembolso, de hace apenas un poco más de un mes, el FMI señala (Tabla 1, pagina 10), que en los cálculos de la deuda ha incluido los anticipos de petróleo (no contemplados por el gobierno), pero no lo hizo con los atrasos (seguramente no pudo). Es decir, la aumentó. No la redujo.
Los acreedores mirarán con suspicacia estos cambios, realizados precisamente luego de emitir los bonos soberanos. Sin duda dañarán más la ya deteriorada imagen del país.
2. ¿ Qué es una deuda consolidada?, explique por favor
A ver si puedo explicarlo. Es un poco árido. Pero, ahí va. En el año 2014, el FMI emitió el nuevo Manual de registro de ciertos indicadores económicos, en especial los relativos al sistema monetario, fiscal, de deuda, gasto, inversión. Ahí, al tratar el sistema de consolidación de las cuentas fiscales, establece diferentes formas de hacerlo, según sea la estructura organizacional y política de cada país. Entre ellas, incorpora, por primera vez este concepto, bajo la justificación siguiente: al agregar todos los activos y pasivos del gobierno con los de las demás entidades públicas, incluyendo las financieras (Banco Central, CFN, etc), las obligaciones emitidas por el ejecutivo (pasivos del gobierno) se anulan con los activos (inversiones) que adquirieron las entidades. En la agregación, el uno es deudor, mientras el otro aparece como acreedor. Por lo tanto, al unirlos, se neutralizan las transacciones vinculadas.
Hecha esta consolidación, lo que queda de deuda pública es toda aquella que se encuentra en poder de acreedores distintos al órbita pública ecuatoriana.
Sin embargo, aquí viene el complemento de la normativa del FMI: esa deuda que aparentemente se anula por el agrupamiento de cuentas (tema metodológico), si existe. Hay que controlarla, pues compromete los balances de las entidades públicas. Para ello, es indispensable mantener siempre información desglosada por subsectores (municipios, gobiernos provinciales, BCE, IESS), con balances individualizados que permitan realizar el análisis de riesgo derivado de la vulnerabilidad creada por estas transacciones.
Lo que le debe el gobierno al BCE subsiste y debe pagarlo. Igual al IESS. De ninguna manera, lo adoptado por el gobierno puede tomarse o aceptarse como un desconocimiento de sus obligaciones. Sería trágico pensarlo así. Y, si esa es la intención, tenemos otro problema gordo.
3. ¿Podrá este o el siguiente gobierno contraer más créditos?
Si. Pero no podrá hacerlo en términos convenientes para el país, ni habrá disponibilidades suficientes. El riesgo para los acreedores es alto.
4. ¿ Que puede comentar de la apertura para importar vehículos sin las restricciones existentes ?
La demanda interna está contraída y será muy difícil un resurgimiento del mercado perdido. Los cupos ya no ofrecían un efecto real. Además, la administración dio lugar a malas prácticas que corrompieron el mercado. Eso era previsible y para la negociación con la UE, el gobierno tuvo que eliminar la restricción.
5. Comente porque existe liquidez en exceso en el sistema financiero?
Es un hecho temporal. Responde al incremento de deuda contratada para cubrir la brecha fiscal, que conjuntamente con la caída de importaciones ha financiado también buena parte del déficit de la balanza de pagos. Lamentablemente, mientras no se corrijan las causas del desfinanciamiento de la economía, el problema de contracción monetaria seguirá siendo un tema recurrente.
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