Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

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1) ¿Qué opina usted del retiro temporal del proyecto urgente de las herencias y del alcance al proyecto de plusvalía que anunció el Presidente?

Tanto el carácter temporal de la decisión, con cuestionamientos evidentes de validez jurídica, como las condicionantes expresadas por el Gobierno de mantener las propuestas y volver a presentarlas si no existen argumentos sólidos, marcan una postura que no resuelve el problema.

Es parte de la estrategia que busca atenuar, con dificultades evidentes, la reacción nacional de rechazo expresada de diversas maneras y por distintos medios, cuya persistencia ha obligado al Gobierno a realizar planteamientos de revisión parcial claramente insuficientes.

Es sin duda una compostura que no repara el daño ya ocasionado en la credibilidad del Gobierno, en su capital político, así como en la sostenibilidad de la economía. Aún más, profundiza la desconfianza pues se percibe que no existe afán de enmienda. Y en ese plano, todo el tiempo dispuesto para esta temporalidad sólo conlleva a un mayor deterioro de la economía, con daños complejos de reparar, ya que hoy por hoy los agentes económicos–empresas y emprendedores- han colocado sus proyectos en “situación de espera o congelamiento”, o han tomado medidas protectoras de ciertos activos, hasta conocer el desenlace de este lamentable episodio.

2) ¿Qué expectativas pueden surgir después del diálogo de
este lunes en el Palacio de Gobierno entre el Presidente y un grupo de grandes empresarios?

Llama la atención que la reunión ocurra después de tanto denuesto y calificativos denigrantes contra precisamente ese grupo humano. ¿Se busca acaso un reencuentro con las debidas excusas para cambiar de postura? O el Gobierno buscó dividir a los empresarios, dejando a los representantes de los gremios a la vera del camino.

Esta reunión es otro error estratégico del Gobierno, pues la reacción contra los proyectos de ley rebasa la representatividad de ese reducido pero respetable grupo empresarial. Al realizar una reunión enclaustrada, en lugar de crear un ambiente propicio para la solución de la temática, la enerva pues transmite al país un mensaje de exclusión política y económica inaceptable.

La propuesta última de sacar a los accionistas de empresas activas de la imposición a la herencia y no al patrimonio de los ciudadanos comunes, demuestra un trato preferente y excepcional inaceptable, que hiere al principio de generalidad tributaria.

Por lo tanto, es de presumir que el objetivo habría sido despejar los cuestionamientos de ese grupo sobre el contenido de los dos proyectos de ley, hoy en el limbo, y si los empresarios asistentes fueron coherentes con la postura de las cámaras y de los cientos de miles de ciudadanos poseedores de patrimonios afectados, habrán mantenido la postura de su archivo definitivo, así como señalar todo el complejo momento económico por el cual atraviesan sus empresas.

Bajo estas condiciones, se ve que el Gobierno no tiene un correcto entendimiento del problema. Sólo una crisis acelerada por estos factores puede llevarlo a razonar. Sería lamentable que así ocurra pues el costo tendrá proporciones sociales grandes. Todavía puede enmendar antes que las cosas empeoren.

3) ¿Habrá seguridad jurídica para las inversiones y las actividades ya instaladas en el país?

Es un momento muy delicado para todas las actividades. La razón básica para realizar una inversión radica en el rendimiento esperado del capital, bajo condiciones de riesgo conocidas, entre las cuales los tributos tienen un espacio particular; y, la creación de un patrimonio depende precisamente de la consistencia y mantenimiento de las reglas políticas y económicas bajo las cuales se decidió invertir y operar la empresa.

Ahora, la introducción de estos tributos que confiscan una parte relevante del patrimonio bien habido, rompe unilateralmente y de forma tajante las reglas de juego expuestas cuando el país requería de su concurso. En ese plano es obvio esperar el cambio de actitud de quienes estaban dispuestos a poner en riesgo o mantener intactos sus capitales. El temor incluso puede llevar a la descapitalización de proyectos o empresas en marcha.

4) ¿Cómo analizar el freno a la velocidad en el campo de la
construcción?

Por la pérdida de interés de todos aquellos que buscaban rentabilizar sus inversiones mediante la adquisición de inmuebles. Incluso aquellos que los necesitan para sus actividades analizarán la conveniencia entre adquirir un inmueble o arrendarlo.

La inversión personal en bienes raíces ha sufrido un duro golpe y trae consigo la declinación de la demanda de este tipo de activos. El tamaño del impacto va a depender del mantenimiento de estas leyes contrarias a la diversificación y masificación de la inversión en bienes no transables.

5) ¿Qué visión tiene del diálogo nacional que anuncia el Gobierno?

El hecho de que se mantenga la amenaza sobre la insistencia en la presentación de los proyectos de ley cuestionados (legalmente discutible), es de entrada un óbice para la realización de un diálogo abierto y equilibrado. Es más, no hay la concurrencia de los elementos indispensables para que aquello ocurra. Primero, no hay una temática precisa, vinculada con las protestas, que solucione problemas de corto plazo y no etérea como aquella de “Qué tipo de país queremos”, para someterla a debate.

Segundo, no se aprecia un claro afán de enmienda para considerar seriamente otras opciones. Tercero, el Gobierno descalifica a quienes piensan de manera distinta. No existe una actitud abierta al diálogo (no monólogo) con la concurrencia de todos aquellos que deseen participar, cualquiera que sea su forma de pensar. No hay un compromiso de búsqueda de consenso para superar el impasse.

apachano@elcomercio.org