Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

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1. ¿Es viable la venta de activos estatales. Habrá interesados en comprar Sopladora, con una fuerte deuda estatal?

¿Qué decir de Banco del Pacífico, CNT o los canales de TV incautados?
Siempre hay como hacer negocios. En las etapas más dramáticas de las crisis se ven transacciones. Todo es cuestión del precio, su forma de pago y la angustia del vendedor. En estas circunstancias se aprecia si existe una estrategia o es producto de la improvisación.

Como están las cosas, el gobierno no tiene capacidad negociadora. Sus condiciones financieras y las perspectiva del país, le ponen en una desventaja evidente. Tendrá que ofrecer descuentos significativos para atraer inversionistas. Deberá asumir pérdidas entre el valor de la inversión realizada y el precio ofertado.

Aún más, según el tipo de activo, tendrá que comprometer una política de precios de los servicios vendidos, compatible con la rentabilidad esperada por el comprador para recuperar la inversión y tener una utilidad acorde con el riesgo asumido. En el caso de Sopladora, las tarifas de la energía deben corresponder a esos parámetros. La deuda del gobierno en si no es problema, puede ser asumida por el comprador, obviamente si acepta el acreedor, para lo cual descontará su valor del monto a pagarse.

En el caso del banco, bajo las normativas actuales relativas al tratamiento de accionistas, determinación de precios de los productos que ofrece, rentabilidad futura, riesgos inherentes, el precio no podrá ser muy atractivo. Las cotizaciones de este tipo de acciones en las bolsas de valores nacionales, determinan un valor de capitalización de mercado bastante castigado.

CNT no sé si podría ser atractivo, pero deben encontrar una tercera multinacional interesada. En caso contrario, profundizarían el control del mercado. La compradora tendrá que aceptar ser socio minoritario y administrar una plantilla sobredimensionada de empleados. Respecto de los canales de televisión incautados, la inseguridad jurídica sobre la propiedad es un obstáculo para su negociación. Es posible que alguien quiera correr ese riesgo, pero solicitará un descuento de valor singular y buscará una garantía del Gobierno contra ese evento.

Es mal tiempo para estas operaciones. Tomará un lapso considerable realizarlas y el Gobierno estará sometido a presiones indebidas y condiciones onerosas. Además,, las transacciones no responden a una estrategia que defina el papel del Estado en la sociedad. Demuestra, eso si, la imprevisión con la cual se planificaron las políticas públicas.

Miren lo que pasa en ciertos mercados emergentes: la pérdida en el valor de las firmas privadas brasileñas en el último año, precisamente por la crisis, ha sido del 22%; Perú el 5%; Chile el 12%; Colombia el 26% ¿Cuánto será de las ecuatorianas?

2. ¿Cómo entender que el Gobierno envié una ley para los gastos del terremoto si los bienes del Estado están debidamente asegurados y hay préstamos contingentes de los multilaterales. Por qué se requiere aportes ciudadanos en época de crisis?
Conforme transcurren los días se reafirma el criterio fiscalista del proyecto. Otra vez se toman decisiones sin sustento (ahora en el Congreso) y en contra de las opiniones unánimes de técnicos que recomiendan no hacerlo. Van a profundizar la recesión de manera innecesaria. Más gente a la calle. No se porqué el apuro, si recién la primera semana de junio se conocerán los datos oficiales de los daños del sismo (declaración de Senplades).

Los créditos de emergencia ofrecidos por las multilaterales, ONU, el FMI sobran y bastan para buen rato de la ejecución de la reconstrucción. Con cerca de mil millones de dólares hay trabajo para más de un año. Ya se aprecian las iniciativas privadas de solución de problemas. Ahora se suman a tantas manifestaciones de solidaridad que enorgullecen a la sociedad civil.

En el tema de los seguros existe otra fuente de recuperación de los daños. Es de esperarse que las compañías aseguradoras tengan cobertura (reaseguro) internacional de siniestros catastróficos. Si el reaseguro es nacional y no tiene su propia cobertura, dado el potencial monto, hay problemas en camino.

La política de seguros, recientemente implantada, que limitó los reaseguros en muchos ramos puede demostrar su inconveniencia ante la presencia de estos siniestros.

3. ¿En qué condiciones puede mantenerse el acuerdo con la Unión Europea si se posterga el desmontaje de las salvaguardias y sobre tasas arancelarias?

No lo sé. Presumo o, mejor presumía que el Gobierno había acordado anticipadamente esta ampliación. Sin embargo, el viaje de esta semana de la delegación oficial parecería señalar la existencia de dificultades de entendimiento por parte de los europeos de las causales reales de esta ampliación. De ahí, surge la interrogante crítica sobre la forma como va a continuar el trámite, a rompe cinchas, que se había establecido para concluir todo antes fin de año, cuando vencen definitivamente las preferencias arancelarias, que fueron precisamente extendidas por última y exclusiva vez a las exportaciones ecuatorianas.

4. ¿Si el Régimen pide sacrificios a los ciudadanos que debe hacer con el gasto público?
Hacer exactamente lo mismo que están haciendo todas las actividades privadas: revisar sus planes de producción, ajustarlos a la nueva realidad, ser austeros, buscar eficiencia, eliminar la grasa de sus organizaciones, priorizar objetivos. En definitiva, ser sobrios en los gastos y responsables en el comportamiento con toda la sociedad.

apachano@elcomercio.org