Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

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4 de June de 2011 00:03

1.-¿Cómo enfocar una política de inversión extranjera en minería con la anunciada resistencia de ciertas provincias tras el No en la consulta?

Esta pregunta desnuda la triste realidad política e institucional del país. No hay definiciones precisas, inequívocas sobre muchos campos de actividad nacional. En estos últimos años muchas decisiones políticas rompieron los principios fundamentales en los que se asienta una sociedad democrática respetuosa de la ley y de los contratos y, estos antecedentes ahora pagan una factura enorme con la existencia de un ambiente de incertidumbre que desmotiva las posibilidades de poner en práctica proyectos económicos de diversa naturaleza.

En el caso de la minería las amenazas provienen de este ambiente cargado de motivaciones dogmáticas, concepciones ilusorias de desarrollo y falta de consistencia del gobierno que, al principio ilusionó a ciertos grupos con políticas “anti” todo y ahora cambia de parecer.

La minería realizada de manera responsable no tiene por qué ser considerada como una actividad destructora del ambiente. Recuerden, a manera de ejemplo la resistencia a que el OCP pase por la zona de Mindo por los daños que iba a ocasionar. A la final eso no ocurrió. En esta actividad también hay técnicas de producción modernas que son compatibles con el cuidado de la naturaleza y esas deberían ser las premisas sobre las cuales se construyan los contratos de explotación en ciernes.

La riqueza potencial es demasiado importante como para desechar esta opción de financiamiento de tantas necesidades nacionales de desarrollo. Las regiones y localidades en donde se asientan estos reservorios, con una comunicación adecuada, van a comprender las bondades de esta actividad y las empresas, de común acuerdo con el Gobierno deberán prestar atención a ellas.

2.- ¿Es verdad que todos los gobiernos toman prestado de las cuentas del Seguro Social para inversión pública? ¿Es esto convencional? ¿Es prudente? ¿Qué norma legal lo impide o lo autoriza? ¿Es solo potestad de la directiva del IESS decidir dónde invertir sopesando los riesgos?

En la historia económica moderna, un elemento crónico fue la existencia de un Estado carente de recursos para atender sus obligaciones. Fue, hasta hace poco haraposo, pedigüeño. Siempre buscando quien le puede prestar para cubrir alguna necesidad de caja.

En innumerables ocasiones enfrentó al Banco Central para que rompa su compromiso con la estabilidad y le conceda financiamiento vía crédito de emisión, a fin de arreglar sus problemas. Afortunadamente, la mayoría de las veces el BCE pudo sobrellevar esta presión y evitar, hasta los años setenta, la incorporación de la inflación en la vida de los ecuatorianos.

El IESS nació en este ambiente de pobreza pública. El Estado, a pesar de sus limitaciones aceptó asumir obligaciones previsionales comprometiendo recursos en favor de las prestaciones de la entidad naciente. Esta dependencia directa del presupuesto determinó la existencia de continuos procesos de consolidación de deudas del Estado en favor del IESS por el incumplimiento de los compromisos legales.

Con los años y conforme el IESS acumulaba reservas, el Gobierno de turno, con las excepciones debidas, buscó y obtuvo créditos que sirvieron para distintos propósitos del presupuesto. En la mayoría de los casos se utilizaron para gastos comunes antes que inversión pública.

Ahora, las cosas han cambiado y las relaciones deberían ser otras. El Estado es rico, tiene recursos que le deberían servir incluso para destinar una parte al ahorro estratégico. Sin embargo, también demanda créditos y consolida deuda con el IESS por montos que pueden llegar, por autorización de la Superintendencia de Bancos hasta el 75% de las inversiones totales. Antes de este Gobierno el tope era 50%.

Toda política de inversiones, indispensable para el futuro de los fondos de pensiones, debe sustentarse en la diversificación de riesgos. Aquella que los concentra no solo que no es recomendable sino peligrosa. El porcentaje máximo asignado al Gobierno es excesivo y no resiste ningún estudio técnico de manejo equilibrado de portafolio. Sobre las demás operaciones no se conoce los parámetros en los cuales se sustentan. Antes, las inversiones aprobaba la Comisión de Inversiones designada por el Directorio del IESS. Ahora entiendo que lo hace el del Biess.

El IESS y Biess tienen un problema de transparencia muy grave. No informan, con la periodicidad debida los resultados del manejo del dinero de los afiliados. No hay balances.

3.- ¿Cómo entender que se aumente impuestos para recaudar USD 406 millones de dólares en una época de precios de petróleo elevados?

La única razón es el desbordado gasto público sin límite. Este es el problema central de la actual gestión económica: un Estado insaciable en demanda de dinero.

El aumento de precio del petróleo debería servir precisamente para acortar la brecha de financiamiento público, pero al parecer hay nuevos compromisos de gastos que anularon el efecto y, ahora otra vez se constriñe el ingreso privado con impuestos indirectos, regresivos. A esta nueva reforma tributaria, la novena, se suma el incremento acelerado de la deuda pública.

4.- El Gobierno contará con recursos provenientes de la China (préstamos) la CAF y los ingresos petroleros e impuestos. ¿Puede haber problemas de liquidez?

Las gestiones en este campo son permanentes. Hay versiones de una nueva ronda de negociación con China que buscaría poner un límite superior en la exposición de ese país con el Ecuador. ¿De qué monto se habla? No hay un dato cierto. Rusia ya financia una parte del Toachi-Pilatón. La CAF tiene su línea establecida. Del BID no se conoce nada nuevo. Lo que con seguridad existirá son créditos adicionales del IESS y una más intensa colocación de Cetes. La brecha fiscal final da la impresión que puede ser cubierta con esta política de endeudamiento agresivo. Obviamente, si no alcanza habrá restricciones.

5.- Si hay tanto dinero extra, ¿hay dispendio?

Creo que sí. Solo hay que mirar como aumenta el gasto corriente para darse cuenta de la falta de un sentido de prioridad. No se conoce de ninguna iniciativa pública que lleve adelante la evaluación de la calidad y rentabilidad del gasto público.