Abelardo Pachano

Inquietudes Nacionales

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7 de April de 2012 00:01

1. ¿Cómo ha impactado la crisis económica europea en Francia? Los bancos franceses tienen papeles de deuda de Grecia.

Le ha llevado a una etapa de crecimiento muy lento. Ha perdido empleos y las inversiones están retenidas. La deuda pública es alta. Llega al 81% del PIB y el déficit fiscal alcanza el 5.2% del mismo indicador. Su sistema financiero en general luce sólido, tiene un nivel de capitalización superior al mínimo regulado y el peso de las deudas griegas se ha reducido enormemente, a tal punto que se las considera manejables. Los tres bancos más grandes, BNP, Credit Agricole y Societe Generale han provisionado el 75% de dichos créditos.

A manera de ejemplo, BNP gana al año 6 000 millones de euros y la deuda griega no provisionada es 1 000 millones. Su patrimonio es 85 000 millones.

2. ¿Se dice que España podría seguir el derrotero de Grecia, el próximo país en problemas?

No lo creo. Es una economía mejor estructurada con más recursos y una mejor organización política y económica. Sus indicadores son más sólidos. La deuda pública es el 56% del PIB y el déficit fiscal el 8.5%. Grecia tiene una deuda del 153% del PIB y el déficit fiscal está muy cerca del 10%. Miren el Reino Unido: deuda 83% del PIB y déficit fiscal 8.3% y nadie le pone en duda su viabilidad.

El problema español es el desempleo. El más alto de Europa. Ahí radica su talón de Aquiles.

3. ¿La eliminación de la prenda general como lo ha planteado el Presidente para los créditos hipotecarios a fin extinguir la deuda con la dación, que secuelas ocasiona para el sistema financiero y el Biess?

Es un problema que rebasa a la relación crediticia. La conocida Garantía General de la prenda, es un instrumento de uso universal. Existe en todos los países del mundo pues sirve para el funcionamiento del sistema económico. No puede entenderse una organización sin su vigencia ya que ella conlleva la esencia de las responsabilidades u obligaciones desprendidas de una transacción. Es más no habría posibilidad de tener vínculos económicos entre países pues desaparecería el núcleo que da vigencia a las responsabilidades derivadas de los compromisos compartidos.

Imaginemos una operación entre dos personas naturales en la cual la una actúa en calidad de prestamista y la otra de deudor, o de una empresa comercial y un cliente al cual le vende a plazos algunos de sus productos. Como consecuencia de estos acuerdos, los deudores firman unas letras de cambio o giran unos cheques. Pues bien, transcurrido el plazo y vencida la operación, los acreedores solicitan el pago de lo adeudado, frente a lo cual los deudores deciden, por cualquier motivo no honrar sus obligaciones. Ante esto los acreedores, en virtud del derecho que le da la garantía general, cuya existencia se remonta a algunos siglos atrás, reclaman el pago por la vía judicial poniendo apremios a los patrimonios de los deudores (Arts. 2367 y 2371 del Código Civil). Así trabaja todo el mundo. Es una regla de oro que permite crear un marco de confianza y responsabilidad entre quienes realizan negociaciones económicas.

Si no existe esta garantía general, los deudores morosos que desconocen las obligaciones saben que nadie puede exigirles el cumplimiento de estas obligaciones ya que sus patrimonios están liberados. Desapareció el vínculo que genera responsabilidad al contraer un cargo. Bajo esas condiciones ¿será posible tener una sociedad con un sistema económico viable, activo o posible?

Sin embargo, digamos que el Gobierno insiste en eliminar la garantía general de la prenda hipotecaria. Ante eso con seguridad estas operaciones dejarán de existir y el problema social quedará insoluto. Los bancos estarán en mejores condiciones de recuperar sus créditos pues la gran mayoría los concedieron por un porcentaje menor al valor de la vivienda, mientras el Biess sí podría entrar en dificultades de cobro pues financia el 100% de ella, con las secuelas en el valor patrimonial aportado por los afiliados.

Entonces, el problema no es de los préstamos hipotecarios. Radica en las malas políticas económicas que derivan en crisis por su falta de previsión, cuidado y manejo equilibrado. El caso español responde a ello e hipotéticamente de ocurrir en el país, las responsabilidades tendrían el mismo origen.

Dicho esto, la solución general no camina por la dación y cancelación de la deuda, aunque pueden existir como de hecho las hay excepciones, pues ella solo destruye valor. El deudor se queda sin casa y le votan a la calle. El acreedor tiene que rematar ese bien y con seguridad también pierde. Resultado final: desgracia para todos.

En cambio, si el Gobierno atento a su responsabilidad abre opciones de refinanciamiento con plazos adecuados, tasas de interés incluso subsidiadas, períodos de gracia hasta que la economía se recupere y vuelva a ofrecer empleo, los daños pueden reducirse, el sistema mantiene su funcionalidad y las esperanzas renacen.

4. ¿Qué diferencia el acuerdo Multipartes que se anuncia con la Unión Europea de los tratados de libre comercio como los firmados por Perú y Colombia?

Finalmente encontraron una denominación que despeje las profundas prevenciones ideológicas. Ahora, el contenido no puede ser muy distinto de los acordados con nuestros vecinos. Por supuesto existirán diferencias derivadas de las realidades específicas de cada país, así como existirán las similitudes naturales. Este acuerdo con seguridad tendrá las tres partes ya conocidas en los convenios establecidos por la UE: comercial, política (democracia y derechos humanos) y, finalmente el campo de la cooperación.

Creo que las dificultades de llegar a un acuerdo subsisten a pesar del reconocimiento del Gobierno sobre la conveniencia nacional, pues Europa tiene un peso muy alto en el comercio internacional y el país le vende casi el 22% de las exportaciones no petroleras a ese continente.

De realizarse el acuerdo, uno de los sectores más beneficiados puede ser el banano ya que su inclusión permitirá corregir el error de la negociación individual realizada hace poco tiempo. Los países vecinos negociaron un sistema de desgravación cuyo piso llega a 75 euros por tonelada exportada, mientras el Ecuador lo mantiene en 148 euros.