15 de January de 2011 00:00

Inquietudes nacionales

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Abelardo Pachano

1. ¿Qué piensa de eliminar subsidios o su focalización?

En toda sociedad existen subsidios. En unos casos son temporales, actúan como soporte de políticas que buscan erradicar las causas de las marginaciones y disponen de objetivos sociales muy definidos. En otros no tienen ninguna configuración explícita. Simplemente están ahí porque las circunstancias políticas los han establecido. En el primer caso coadyuvan directamente a las políticas públicas a combatir la pobreza y las inequidades. En el segundo caso constituyen un derroche de recursos públicos, con beneficios a los grupos económicos que no necesitan del apoyo del Estado.

Dicho esto, creo que el país debe tener siempre una política activa, flexible, bien enfocada, con objetivos alternativos de mantenimiento de subsidios. El caso del bono de la vivienda, administrado con rigurosidad, con montos y compromisos presupuestarios definidos, es un buen ejemplo de este tipo de política económica responsable. El ejemplo de los combustibles es el otro extremo. No ayuda a cambiar la estructura social, atenta contra el control del medioambiente, reduce las disponibilidades de recursos para programas sociales. El bono de desarrollo humano es un caso de desnaturalización de un subsidio que tuvo un inicio promisorio pero que luego la mala política le llevó a convertirse en arma electoral. El pago del 40% de las pensiones por parte del Estado constituye otra deformación del apoyo gubernamental, pues destina dinero para cubrir pensiones de jubilados que pertenecen a estratos económicos pudientes.

2. ¿Debe el Gobierno retirar el subsidio a derivados?

El monto de sacrificio nacional ya cuestiona al propio presupuesto. Además, es socialmente injusto. El cálculo de las pérdidas por las importaciones de combustibles y lo que deja de recibir el presupuesto por el uso del petróleo nacional para consumo interno, representa más de USD 4 000 millones anuales. Es el 16% del Presupuesto del Estado y casi el 7% del PIB. Equivale al total del gasto en Educación y Salud. Mayor a todo el déficit fiscal. Y si quieren mirarlo desde otro ángulo, supera a los ingresos petroleros netos que recibe el presupuesto. Miren las cifras: el valor neto de ingresos es 3 700 millones y el subsidio, como ya se citó, supera los USD 4 000 millones .

Con esta realidad, la decisión es inevitable. Más temprano que tarde el Gobierno tendrá que enfrentar el problema. Deberá establecer una estrategia clara, hacerlo de manera gradual. Controlar los efectos indeseables. Pero, ojalá no lo utilice para crear otros subsidios generales.

3. ¿Qué hacer con el bono de desarrollo humano?

Este es el caso de subsidio temporal, que se supone servía para compensar el impacto en los ingresos de la familias pobres por la corrección en el precio del gas, decisión postergada por todos los gobierno y que ahora se ha convertido en un ingreso permanente sin ninguna determinación de compromisos o vínculos con la política de precios de los productos que ofrece el Gobierno o de las sociales en educación y salud.

Este bono debería servir para comprometer a las familias pobres a realizar ciertas cosas fundamentales, obviamente proporcionales al apoyo, para salir de la pobreza. Debe ser temporal mientras se ejecuta ese programa e incluso en caso de incumplimiento debe tener sanciones definidas. No es una contribución gratuita ni una limosna. Es un apoyo dirigido, que ahora si lo tiene es muy débil o carece.

4. ¿Qué impacto tendría subir impuestos a medicinas?

Lo obvio: subirán los precios en la misma proporción del porcentaje del IVA. Y como el sistema de salud pública siempre ha tenido enormes limitaciones para cumplir sus responsabilidades, además de que la gratuidad de los servicios es una utopía que trae consigo actos de corrupción, el impacto es socialmente regresivo: afecta con mayor intensidad a las clases pobres.

Pero lo inexplicable radica en el monto que busca recaudar el Gobierno, pues todo el aumento de impuestos no supera el 1.5% del presupuesto y, si deducimos lo requerido para mejorar la infraestructura hospitalaria, que debe constar el plan de inversiones del presupuesto recién aprobado, la emergencia se reduce al 1% del mismo. Si no pueden reacondicionar los gastos en esta reducida proporción para arreglar la calamitosa atención de salud, aparentemente imprevista, el país está en una circunstancia de indefensión fiscal delicada.

En el país dos grupos de productos han estado exentos de esta impuesto: los alimentos en estado natural y las medicinas. Esta política mantenida durante muchos años terminaría con esta decisión. En otros países se aplican tarifas diferenciadas para esos productos estratégicos, normalmente más bajas y lo hacen para demostrar la sensibilidad social del gobierno.

5. ¿Es adecuado dictar emergencia en 8 hospitales. Se pudo contemplar esos gastos en el Presupuesto?

El componente de inversión debería estar contemplado. Si no es así, el sistema de planificación gubernamental sería deplorable pues el tema no es nuevo ni repentino. En la parte de atención, el Gobierno decidió asumir los programas de atención del Municipio de Guayaquil, que funcionaba bien y ahora no puede hacerlo de una manera adecuada. No creo que sea un tema nuevo o desconocido. Posiblemente, la presencia de brotes epidémicos -gripe, dengue- agudizaron la mala atención. El deterioro en la atención del hospital de Solca ocurre también como consecuencia del cambio en la política de financiamiento de la salud pública. Me parece que lo que está en entredicho es “el modelo de atención” y sobre este tema hay experiencias internacionales que podrían ayudar a remediarlo.

6. ¿Qué significa para las exportaciones ecuatorianas que se haya renovado por seis semanas el Atpdea?

El mensaje que se ofrece en las renovaciones es cada día más claro: el Congreso americano no tiene disposición a mantener indefinidamente esta concesión arancelaria unilateral. Este nuevo plazo ya demuestra la enorme dificultad en concretarlo. Ahora solo favorece a Colombia y Ecuador, pues Perú ya implementó su TLC. Tan pronto Colombia consiga el suyo nos quedaremos solos y las posibilidades de sostener el Atpdea serán mínimas. Las consecuencias son evidentes: nuestros productos serán más caros y la posibilidad de competir se reduce. Las actividades involucradas tendrán problemas de viabilidad. El empleo y la inversión en ellas corren peligro.

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