Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

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19 de October de 2013 00:03

1. ¿Por qué hay tanto contrabando de licores? ¿Funcionan los controles? Este es un ejemplo de mercados distorsionados por políticas tributarias que contienen tasas excesivas. Hasta el año 2009 el problema no existía. Se lo volvió a crear con una de las reformas tributarias impuestas por el actual Gobierno. Ella desnaturalizó los precios relativos de los licores importados frente a la opción de conseguirlos en los mercados informales o negros, cuyos sentidos siempre están agudos a la presencia de incentivos que nacen precisamente del diferencial erigido por los impuestos desproporcionados.

La integración mundial es una realidad de facto en muchos campos. El financiero es uno de ellos y buena parte del comercio mundial se construye en base a los acicates, unos legales o legítimos y otros al margen, debido precisamente a la intensa movilidad humana, su afán de lucro, la comunicación, el consumo y la ingente capacidad de transporte que existe entre los países.

De ahí que, quienes viajan fuera del país, a su regreso, o quienes lo hacen de visita traigan estos productos para ahorrarse unos dólares o lucrar con el diferencial. Esta movilización tipo hormiga o la masiva, tienen precisamente el caldo de cultivo en esa legislación fiscalista, de visión poco compatible con la conducta de los seres humanos.

La prohibición de traer licores por las fronteras terrestres, acarreará otras deformaciones -profundiza el problema-, entre las cuales las morales pueden ser relevantes, pues, no faltarán aquellos encargados de controlar la introducción de estos productos dispuestos a aceptar encomiendas a cambio de liberar el ingreso de los bienes interdictos .

2. Venezuela implantará subastas de divisas para combatir al mercado paralelo. ¿Tendrá éxito? Ese mercado paralelo -negro o azul como se lo quiera llamar- nació y es parte natural de la introducción del sistema de control de cambios que impuso Chávez. Es además, aunque suene contradictorio, que no lo es, el reconocimiento explícito del fracaso estrepitoso de este sistema que se suponía, por lo menos eso creía el Gobierno, regularía la demanda de divisas, y daría paso a una recuperación de las reservas internacionales tan necesarias para la buena marcha de un país.

A la final, después de varios años -cerca de 10- nada bueno salió. La cosecha es magra: las reservas nunca se recuperaron. Son de las más bajas de América Latina. Las trafasías se multiplicaron -recuerden la cantidad de exportaciones falsas hechas desde el Ecuador a Venezuela usando el sistema del sucre para tener dólares baratos-. La cantidad de atrasos en los pagos de importaciones legítimas pero entorpecidas burocráticamente. La pérdida de competitividad de las exportaciones.

Ahora, cuando el margen entre los dos mercados: oficial y negro es tan brutal y casi inmanejable (seis veces), el Gobierno busca acercarlos con las subastas. Obviamente, esto llevará a una devaluación continua, mes a mes, que busca acortar la brecha y desbaratar el complejo mundo de transacciones ilícitas que tanto daño hace. Está por verse si lo consiguen, pues la política económica es la que debe reordenarse para superar la crisis por la que atraviesa ese país.

Las subastas algo podrán ayudar, en especial si los montos ofrecidos, que dependen del nivel de reservas internacionales, acotan la demanda contenida y el mecanismo va acompañado de otras decisiones que liberalicen ese mercado. La restricción del gasto fiscal puede contribuir a la corrección del enorme problema cambiario. Pero si no existen incentivos a la producción que mejoren la capacidad de abastecimiento de los mercados básicos y releven las importaciones, mientras por otro lado animen las exportaciones, esta decisión será un parche de valor temporal.

En ese caso, con dolor se verá a una Venezuela en la continua ruta del desangre patrimonial. La situación ha llegado a tal punto de distorsión que el propio Gobierno reconoce la existencia de personas que se supone viajan fuera de su país y aprovechan los limitados cupos de uso de las tarjetas de crédito en el exterior para simular compras, obtener dólares baratos y revenderlos a su regreso en el mercado negro con una utilidad del 600%.

3. El déficit comercial del Ecuador casi llega a 1 000 millones hasta agosto. ¿Se lo puede corregir? Es el resultado del modelo económico en ejecución. Por un lado, mientras el gasto público mantenga los lineamientos actuales, poco puede hacerse. De otro, la estructura de las importaciones, salvo el caso de los combustibles que contiene un elemento temporal, responde a una realidad productiva poco flexible a una producción más dependiente de insumos nacionales, menos propensa a ofrecer bienes con alto contenido externo.

En tercer lugar y no menos dramática, la demanda por su parte está influenciada por una sociedad de consumo que desborda todo parámetro. El país es un gran supermercado y no se aprecia una línea de acción pública que genere dilemas severos a los demandantes netos de divisas para que sean también proveedores. Se involucren en la construcción de un sector externo más equilibrado y autosustentable.

4. ¿Cómo cambiar el peso de los subsidios, especialmente del diésel y la gasolina, en el Presupuesto del Estado, hay algo que hacer? No hay otro camino que su racionalización. Eso significa corregir los precios y ubicarlos en términos que no exista sacrificio fiscal o que aquel establecido esté debidamente acordonado.

Los subsidios generales e indefinidos no resuelven los problemas para los cuales fueron creados ni ayudan al mantenimiento de unas finanzas públicas alineadas con los objetivos sociales. Desnaturalizan a la sociedad y crean conflictos políticos que devienen en serias barreras para la construcción de un país que busca ser más equitativo.

En el caso nacional, la corrección debe ser progresiva. Por productos y segmentos sociales, de tal forma que se evalúe el efecto reducción de costo fiscal por ajuste de precios a los consumidores, que es la relación directa de este cambio de los parámetros económicos. Siempre existirá un costo económico y uno político, pero el beneficio, si se canalizan bien los recursos ahorrados, se puede evidenciar en mejores programas de orden social .