Abelardo Pachano

Inquietudes nacionales

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 37
Triste 2
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 11

1. ¿De qué manera se puede enfocar una reingeniería del tamaño del Estado ante la nueva realidad económica?

En un país que tiene claros sus objetivos, los papeles que les corresponden a cada uno de sus miembros no están sometidos a estos procesos desgastantes y dolorosos. Lamentablemente el Ecuador sigue embarcado en causas políticas que desechan todo lo hecho, para implantar caminos con destino desconocido.

Una vez más, el dogmatismo político, la intransigencia impusieron una línea de conducta económica que tiró a la basura todos los mecanismos e instrumentos mitigantes de los ciclos y otorgó al Estado el papel preponderante de la gestión. Se hizo caso omiso de las advertencias, muchas de ellas tratadas con displicencia, para construir una estructura pública que además de ser deformativa para la sociedad, es insostenible en el tiempo. Ahora viene lo duro: desmontar lo hecho.

La tarea va a ser dolorosa, pues en una prospección sobre la economía, bajo las condiciones actuales, las fuentes de financiamiento de esta estructura pública requeriría de un endeudamiento tan alto, que lo llevaría a una situación insostenible. No sería impensable llegar al 100% del PIB para el año 2020. Y eso, siempre que sea posible conseguirlo.

Si no se utiliza esta vía, la alternativa caería en el campo de la multiplicación de tributos, que deberían rendir por lo menos un 50% más de lo que rinden en la actualidad. Obviamente, los efectos en la viabilidad de las actividades privadas y los daños en la competitividad serían elocuentes.

Bajo esa perspectiva, la evaluación del papel del Estado en la economía cobra relevancia. No puede continuar con su amplia gama de labores. Debe priorizarlas. Sostener los proyectos sociales, hacerlos eficientes y dejar para la inversión privada, interna o externa, los demás campos. Ahí cabe la reinventada colaboración público-privada, de la que tanto se habla.

Esto significa dar un vuelco al plan de inversiones públicas en vigencia (15% del PIB). Reducirlo al nivel que permita mantener un presupuesto equilibrado, cuya estructura de gasto también sea revisada, pues hay evidencia de mucho derroche, duplicación de funciones y realización de tareas secundarias.

En otras palabras, si las necesidades de financiamiento del sector público han llegado a superar el 10% del PIB, la revisión del modelo debe llevar a eliminar esta enorme brecha, para poner el tamaño del Estado en una posición, máxima, equivalente al 34% del PIB.

Aquí cabe la búsqueda e implantación de mecanismos que interesen a la inversión privada a fin de sustituir la declinación de la gestión pública y mitigar el daño en empleo y producción (crecimiento), durante la transición.

2. ¿Cómo afecta la contracción económica en las actividades productivas y el consumo?

Estas crisis confirman, una vez más, la inconveniencia de mantener políticas económicas proteccionistas o autárquicas. En las actividades que solo tienen relaciones con la colectividad (país), los daños se vuelven casi inevitables, pues no existen válvulas de escape que permitan reducirlos.

Quienes tienen relaciones con los mercados internacionales disponen de mejores opciones para sobrellevar las penurias. Por supuesto, esto depende también de la forma como el gobierno afronte las circunstancias y, de la no afectación al nivel de competitividad que tengan los productos nacionales.

Normalmente, los efectos en las empresas se aprecian en la caída de las ventas por la contracción del ingreso y del consumo, la reducción de la producción, la optimización de los costos (desempleo entre otros). En ese proceso, las cadenas productivas y de comercialización deben realinearse: se modifican las formas de pago, se introducen nuevas garantías o requisitos, en fin, cambian las reglas de juego.

El efecto se profundiza si la contracción monetaria lleva a la restricción crediticia. La incorporación de este nuevo elemento a la realidad económica trae daños superiores, que en algunos casos pueden ser insuperables.

3. ¿Cómo prepararse ante emergencias que puedan devenir de fenómenos naturales tales como terremotos, erupciones volcánicas, deslaves o el fenómeno de El Niño?

La mejor manera de hacerlo es tomando contacto con las entidades públicas encargadas de esta responsabilidad y seguir sus recomendaciones. El riesgo es serio. Hay que actuar con oportunidad.

4. ¿Cabe tener fondos de contingencia como los que hubo en Chile cuando los terremotos o los fondos que se suprimieron hace una década?

Por supuesto. Son las válvulas que permiten sobrellevar los daños sociales por niveles tolerables e incluso impedir el deterioro de los indicadores de equidad. Con estos se asegura la continuidad de la política económica.

5. ¿Qué le parece la importación de 30 millones de barriles de petróleo liviano para la Refinería de Esmeraldas?

Es una decisión extraña a la realidad nacional, con seguridad costosa, que merece estos comentarios básicos: El país dispone de excedentes de producción para atender el mercado interno. Así lo ha hecho siempre. Además, recién termina la larga y onerosa optimización de esta refinería (costó más de 1 000 millones de dólares), hecha precisamente para utilizar la mezcla de crudo que produce el país. Y no el que se quiere importar, que por supuesto es más caro.

En segundo lugar, al pedir financiamiento para estas importaciones (pago diferido y con intereses), el gobierno incrementa la deuda externa (USD 1 300 millones), bajo la figura de crédito de proveedores. Finalmente, con esta operación, se libera crudo para exportación, que permitirá conseguir otro crédito (seguramente de Tailandia) en calidad de anticipo, que podría llegar, dependiendo de la relación precio-garantía hasta cerca de 1 000 millones.

apachano@elcomercio.org