Marco Arauz

Inocentes pero no tontos

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Es verdad: la presunción de inocencia es un derecho constitucional que debe respetarse. Pero muchas veces el poder intenta atribuirnos, sin que hayamos hecho los suficientes méritos, el derecho a la inocencia, entendido como el derecho a la ingenuidad.

Solo así se explica el enorme esfuerzo por mostrar las irregularidades en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas como un caso puntual y, afortunadamente para todos, ya sancionado. 
Las coincidencias no existen. Pero supongamos que es una coincidencia que un hombre de confianza de este y anteriores gobiernos, como Carlos Pareja Yannuzzelli, haya dejado el país justo unos días antes de que se lo vinculara a una investigación por cohecho, junto con Álex Bravo.

Y que funcionarios gubernamentales manejen información de la Fiscalía, entidad que en países “retrógrados” funciona independientemente del Ejecutivo.
Lo que no puede ser una coincidencia es que representantes del Gobierno se adelanten a juzgar, incluso antes que la independiente justicia, a Pareja, e incluso a señalar la cuantía total de la corrupción: USD 12 millones. 
A estas alturas, y renunciando por un momento a nuestro estado de inocencia y de gracia, vale la pena preguntarse si el empeño para descubrir y sancionar estos delitos habría sido igual o parecido si no se hubiese producido la filtración de los ‘Panama papers’ y no se hubiesen hecho denuncias en publicaciones digitales y escritas.


Antes que darnos la buena noticia de que el exgerente de PetroEcuador, Alex Bravo, ya aceptó su culpa y que Pareja se alzó con USD un millón, y que desde luego se trata de malos funcionarios que traicionaron la confianza y los objetivos de la revolución, los acuciosos voceros deben empezar por decirnos cuánto finalmente costó la rehabilitación.
 Por obra y gracia de una opacidad que empieza en la modalidad de contratación y termina en la falta de información, sabemos el precio inicial, pero no sabemos cuántos y qué tipos de contratos se firmaron y cuál es la cifra final, algo parecido a lo que sucede en otras obras del sector petrolero en particular, y energético en general.

Pero la rendición de cuentas dirigida a los inocentes no se para en estas pequeñeces.
Esa acuciosidad debiera emplearse en explicar -así como se hizo una gran campaña mediática para decir que se trató de una obra indispensable y bien realizada- los diferentes tipos y el número de contratos firmados, la manera en que se gerenció y se auditó esa obra, al igual que otras como la Refinería del Pacífico y la planta de gas de Bajo Alto.
Quienes cuidan de nuestra inocencia tienen mucha tarea por delante. Pensar que la explicación oficial -del Ejecutivo y del Fiscal- es suficiente, y que el capítulo ya está cerrado, es un exceso de confianza y un abuso de su derecho a la presunción de inocencia.