Enrique Ayala Mora

La mordaza

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Hace años, en el Ecuador y en otros países, los legisladores por ser tales, tenían inmunidad ilimitada en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que mientras ostentaban esa calidad, eran judicialmente intocables. No podían ser enjuiciados por sus opiniones en la Legislatura ni por ninguna acción que hubieran cometido, incluso antes de haber sido electos, aunque no hubiera tenido relación con su calidad de representantes del pueblo.

Se daban casos de que quien estaba enjuiciado por un delito común o temía irse a la cárcel porque se iba a dictar sentencia en su contra, buscaba ser electo senador o diputado. Y si lo lograba, estaba “blindado” frente a cualquier acción judicial. La inmunidad podía ser utilizada para promover la impunidad.

Esto último era un abuso. Por ello que en nuestro país y en otros, se optó por circunscribir la inmunidad parlamentaria a las opiniones que el legislador expresa como tal, dentro y fuera del recinto legislativo. Esto quiere decir que ya no puede protegerse de acciones legales que no tienen que ver con sus funciones.

Un legislador debe tener la libertad de expresar sus opiniones, hacer denuncias con nombres y apellidos, investigar a las autoridades, sin que pueda ser amenazado, silenciado o enjuiciado por quienes están en el poder. Así, la inmunidad del parlamentario no solo es una garantía personal mínima para que pueda ejercer su función, sino una necesidad de la ciudadanía, para que se conozca lo que hacen las autoridades, para que salgan a la luz los abusos y los robos.

Restringir o eliminar la inmunidad parlamentaria es un atentado contra la democracia y la transparencia. No hay país civilizado en el mundo donde se la vulnere. En cambio, todos los arbitrarios y los déspotas han tratado de eliminarla. Por ello es censurable la decisión tomada por Alianza País en la Asamblea Nacional, que trata de impedir que las opiniones de los legisladores expresadas en la cámara puedan ser divulgadas en las redes sociales.

Con esta medida, se dice, los legisladores no podrán divulgar lo que el Gobierno considera falso. Es decir, una vez más, van a sentenciar a alguien por lo que piensa sin que siquiera sea juzgado. Porque, hay que aclararlo, cuando existen indicios de que un legislador ha violado la ley, aún en el ejercicio de sus funciones, la Legislatura puede levantarle la inmunidad parlamentaria para que sea juzgado. Pero esa práctica ya no se respeta en la Asamblea Nacional dominada por Alianza País.

Los jueces enjuician y persiguen a los legisladores, como Kléver Jiménez, sin que se les levante la inmunidad, solo con una decisión judicial unilateral abusiva.

Impedir que se conozca en las redes sociales lo que los legisladores dicen es poner una vez más una mordaza a quienes discrepan; un abuso que no será olvidado ni perdonado.