Manuel Terán

Inmovilismo

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Pasados los primeros cien días del gobierno son tibias las señales emanadas, más allá de las formas, de lo que se puede esperar de una renovada gestión gubernamental. Fiel a su estilo, el nuevo Mandatario ha esquivado la confrontación directa. Le ha correspondido subir el tono cuando, desde sus propias filas, ha habido voces que le reclaman su supuesto desvío del programa político de su partido. Pero si se hace una revisión más pausada, se puede observar que en lo económico no hay mayores cambios de lo que venía sucediendo desde la anterior administración. Quizá el anuncio más notable es el relacionado al manejo del dinero electrónico, cuyo objetivo principal es otorgar cierta tranquilidad a los mercados de que el Gobierno no echará mano de ese mecanismo para realizar una especie de emisión inorgánica, introduciendo un medio de pago sin respaldo real que pudiese poner en riesgo la dolarización. Pero este tardará en ponerse en práctica hasta que se encuentre lista la infraestructura básica que permita su aplicación. De allí las actuales autoridades económicas, cercanas al decrépito régimen que concluyó en mayo, han realizado anuncios que en lo sustancial mantienen el programa anterior con ciertos maquillajes de renovación. Se ha anunciado, eso sí, que ya no habrá que esperar grandes gastos de inversión estatal, porque al momento no tienen los recursos ni siquiera para lo básico. Pero aún no existen en blanco y negro iniciativas que delimiten el nuevo derrotero que devuelva la confianza a la empresa privada que se halla a la expectativa.

Es más, en muchas oficinas administrativas aún perdura el cejo obstruccionista encargado de poner piedras en el camino a toda clase de iniciativas. No ha penetrado suficientemente el mensaje que hay que apoyar toda clase de emprendimiento, brindar facilidades para que estos caminen, porque por algún tiempo serán la única fuente que permita que nuevos recursos se inyecten a la economía. Persisten aún las taras del Estado inquisidor que mira con desconfianza todo aquello que se encuentra por fuera de su órbita, cuando los servidores públicos tienen que cumplir otro papel observando y garantizando, eso sí, que se cumplan las normas y no se lesione el interés público. Pero justamente lo trascendental y más relevante es agilitar y atraer inversiones, para superar este profundo escollo dejado en herencia por el gobierno anterior.

Y, mientras se deshojan margaritas pensando en los impactos que las decisiones tendrán en lo político, el tiempo sigue su inexorable marcha y cada vez más se hace inminente un golpe de timón. Hay que hablarle con franqueza a la ciudadanía, explicarle el estado de postración en que dejó el Régimen precedente a la administración pública. Luego urge tomar los correctivos, proceder a los cambios legales que eliminen absurdas disposiciones que solo lograron alimentar la desconfianza sobre los reales propósitos de quienes las pusieron en vigor. Los tiempos económicos no son siempre espejo de lo que sucede en la esfera política y las demoras pueden derivar en verdaderos desaguisados.

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