El grave informe presentado por el señor Philip Alston pone en evidencia el estado de inseguridad en el que vivimos en el Ecuador, y resalta la crisis de nuestro sistema judicial.
Con razón, él manifiesta que la impunidad campea en el Ecuador, pues pese a que se asalta y mata a diario en nuestro país, sólo en contados casos se mete preso a los delincuentes.
Sostiene que la Policía Nacional no investiga seriamente los delitos, y que la Fiscalía está más preocupada por las relaciones públicas que por la condena a los autores de crímenes.
Estima que entre el 11 y el 14% de los homicidios que se cometen en el Ecuador son perpetrados por sicarios, con la más alta incidencia en Guayaquil y Esmeraldas. Que hay una falta de voluntad de parte de muchos funcionarios del sistema de justicia penal, para investigar y enjuiciar toda clase de asesinatos; que pese a que hay muchos policías y fiscales honestos, la institución policial fue objeto de críticas por corrupción, vínculos con el narcotráfico, ineficiencia, y por falta de capacidad técnica.
Concuerdo con el señor Alston, en que es necesario que el Gobierno evalúe el desempeño de las funciones de la Policía Nacional y que formule una estrategia para luchar contra el sicariato; pero considero necesario que éste incremente notablemente el presupuesto de la Función Judicial para que se aumente el número de jueces, quienes previo a asumir sus cargos, deben ser preparados para administrar justicia eficientemente. No cabe que la Policía Nacional se investigue a sí misma, por lo que el Gobierno debe crear un nuevo ente que tenga la capacidad de investigar, por ejemplo, la presunta participación de un policía en un asesinato o en un robo.
El abrir nuestras fronteras para que cualquier extranjero ingrese a nuestro país, sin considerar sus antecedentes; la reforma al Código Penal, mediante la cual no se reprimía como delito el robo y el hurto por un monto inferior a 654 dólares; y, la crisis económica que estamos viviendo, en mi opinión, constituyeron factores que incrementaron el cometimiento de los delitos a los que alude el mencionado informe.
Concuerdo con Mario Vargas Llosa, quien en su libro ‘Sables y utopías’, sostiene que: “El poder judicial es pieza clave en el sistema, pues debe velar por la aplicación de la ley y sancionar sus violaciones. Nada promociona mejor un sistema democrático que una administración de justicia recta e independiente, que dé al ciudadano común la seguridad de que puede recurrir a ella en resguardo de sus derechos cuando estos son vulnerados. Y, al mismo tiempo, nada puede desencantarlo más de la legalidad que advertir, en el Poder Judicial, ineficiencia, corrupción, parcialidad”. Espero que el Gobierno analice detenidamente ese informe, para que enmiende las falencias relatadas por el señor Alston.