Oswaldo Jarrín R.

El informe del Ejército

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27 de March de 2012 00:01

El posible desbordamiento del crimen organizado y del narcotráfico en el Ecuador, según el Informe de Responsabilidad Social del Ejército, ha generado expectativas y al mismo tiempo ha incomodado a los niveles superiores institucionales, como su falta de pronunciamiento lo demuestra.

Por principio, el Ejército con el informe de marras, ha utilizado un método propio de las organizaciones sociales, no contemplado en los procedimientos militares.

Al salirse de los canales de mando, descoloca al Comando Conjunto y especialmente al Ministerio de Defensa, responsable de la dirección de la política institucional.

La advertencia de desbordamiento es un reprise, de la apreciación estratégica realizada por el Consejo Nacional de Seguridad (Cosena) en el año 2000, que dio soporte a la formulación de la Política de seguridad de la frontera norte, una de cuyas acciones estratégicas para la contención de las consecuencias del Plan Colombia fue la creación de la Unidad de Desarrollo de la Fronter Norte (Udenor), ahora convertido en Plan Ecuador.

En la Academia, el término desbordamiento fue acuñado en el 2001, por Gabrila Marcella, como “spillover”, o efecto balón con lo cual metafóricamente describía las consecuencias futuras de los efectos que se sentirían en los países vecinos de Colombia.

Claro está que el tiempo está dando la razón, como también lo anotan, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Alston y Bergman de la DEA, lo cual implica que ante la recrudecida tendencia se requieren políticas nacionales de seguridad y migración acordes con la realidad de las amenazas antes que con ideologías.

En este contexto el Ejército es clave en la frontera, como lo es la Armada en el mar territorial. Escenarios en los que el narcotráfico lucha por consolidar corredores de tráficos ilegales y de abastecimiento, con secuelas de crimen, contrabando, corrupción y violencia criminal.

A pesar de que estas amenazas no son de confrontación exclusivamente militar, el informe deja entrever un afán de respaldo a la iniciativa de la conformación de la denominada Brigada Militar para combatir el crimen urbano y para reforzar el pedido de reforma de la Ley de Seguridad Publica, para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir tareas policiales y de seguridad publica.

En todo caso únicamente al Ministerio de Defensa le corresponde definir la política militar relacionada con la actual Agenda Nacional de Seguridad, que establece “combatir apropiadamente el flagelo del narcotráfico atacando sus etapas desde la producción hasta el consumo sin incurrir en el error común de militarizar su tratamiento”.