Diego Araujo Sánchez

Informe sobre ciegos

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 13
Triste 2
Indiferente 2
Sorprendido 0
Contento 69

Avergüenza la posición de la canciller María Fernanda Espinosa al pronunciarse en apoyo de Nicolás Maduro y su fraudulenta e ilegal Asamblea Constituyente. No hay peor ciego que quien no quiere ver. En Venezuela se ha instaurado una dictadura que se mantiene gracias al apoyo militar y que, desde la llegada del chavismo, ha condenado al exilio a dos millones de venezolanos y a la inseguridad y miseria a ese pueblo hermano; su gobierno viola impunemente los derechos humanos: durante los cinco últimos meses, en las protestas contra el régimen, se registran 124 muertos, 2 000 heridos y centenares de presos políticos. Los responsables de la mayoría de esas muertes son las fuerzas de seguridad y los grupos armados bolivarianos.

Mientras Espinosa, con los cancilleres de Ortega, Castro y Morales, aplaude la votación para la Constituyente, los cancilleres de 17 países de América declaran que no la reconocerán por ilegítima y condenan la violación de los derechos fundamentales y las libertades, la represión y la persecución política. Mientas Espinosa celebra el triunfo de Maduro, el Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU denuncia el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva contra miles de opositores: detenciones arbitrarias, maltratos, torturas y otros abusos se documentan entre las violaciones a los derechos básicos por parte del heredero de Chávez.

Espinosa justifica su posición en nombre del principio de soberanía, pero echa por tierra la doctrina con la que el Ecuador había aportado al mundo, en virtud de la cual los Estados se obligan a defender los derechos humanos: por iniciativa de Jaime Roldós, los mandatarios andinos suscribieron, en 1980, la Carta de Riobamba, que aceptaron después otras naciones, en la cual se comprometieron al respeto a esos derechos como norma esencial de los Estados y acordaron que la acción conjunta para protegerlos no lesiona el principio de no intervención.

Esta doctrina nada tiene que ver con acciones unilaterales ni con amenazas militares, como la lanzada por Trump, abusiva y torpe, que cae de perlas a Maduro para desplazar la atención sobre el rechazo internacional a las violaciones de su gobierno a los derechos humanos. Si la política externa del correísmo hubiera observado esa doctrina, nos habría evitado en años anteriores, entre otras vergüenzas, la de no sumar al Ecuador con su voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al igual que China, Rusia y Cuba, a la exigencia para que el gobierno de Siria rinda cuentas de la represión contra las protestas civiles; o la de abstenerse de aprobar la resolución para investigar, en ese país, los crímenes contra la población de Hula, en donde murieron centenares de civiles. La indiferencia cómplice ante violaciones de derechos esenciales es una ceguera que avergüenza.