Fabián Corral

La ineficacia de la ley

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3 de April de 2014 00:02

El Ecuador tiene, entre otros, dos graves y relevantes problemas jurídicos de fondo: la inestabilidad legal y la ineficacia de las normas. Este fenómeno es, probablemente, el más importante en el país, que por cierto no se subsana expidiendo más normas e inundando a la sociedad con preceptos de toda clase.

1.- Las tres virtudes de la ley perfecta.

Norberto Bobbio, el ilustre jurista y profesor italiano, decía que la ley debe ser justa, válida y eficaz. (i) "Justa", es la ley que traduce los valores sociales, históricos y morales de la comunidad. Allí están las ideas de justicia, libertad, equidad, igualdad, etc., que son los elementos inspiradores del ordenamiento jurídico. Esos valores son los factores de "legitimidad" de las leyes. (ii) "Válida", en cambio, es aquella norma que ha sido expedida por órgano legislativo competente, con sujeción a los procedimientos constitucionales, y que, por estar vigente, vincula a los ciudadanos y a las autoridades. Alude a la perfección formal. (iii) "Eficaz" es la ley que encarna efectivamente en la sociedad, es la que se cumple y produce consecuencias concretas. Es la que se obedece. Es la dimensión verdadera de la norma, la que se mete en la vida y estructura las relaciones de la comunidad. R aras son las leyes perfectas que reúnen la (i) legitimidad que les da la justicia y el respeto a las libertades, (ii) la perfección técnica, que depende de la sabiduría y competencia del legislador, y de la claridad y consistencia de las normas, y, (iii) la eficacia, que hace útil y operativo al sistema legal. Lejos estamos de esa perfección ideal. Somos un gran depósito de leyes a veces injustas, a veces de dudosa validez, y con más frecuencia, ineficaces.

2.- Causas de ineficacia.-
El problema está en que las normas, incluso las constitucionales, son teóricamente justas -a veces son un poema, un canto a la doctrina-, pero son escandalosamente ineficaces. Este es el problema del Ecuador: sobresaturado de normas inútiles, de declaraciones retóricas, pero, en la práctica, inservibles. La inutilidad de las normas proviene: (i) de su falta de sintonía con la realidad. Desde nuestro tormentoso escenario político, se legisla como para Suiza. A nadie se le pasa por la cabeza hacer una hipótesis de cómo reaccionará la sociedad ante una norma que se le ocurre el legislador o que inventa el planificador. (ii) El desbordamiento judicial, precipita la ineficacia normativa. Si una comunidad está aquejada de crónica desinstitucionalización, si los juicios literalmente ahogan a los jueces, si no hay desarrollo tecnológico de apoyo, si las leyes mantienen procesos medievales, como respuesta, se genera una sensación de impunidad, prospera la frustración y la impresión de desamparo, que deriva en la tentación de la justicia por mano propia. (iii) Las cargas ideológicas: la novelería doctrinaria convierte a las asambleas legislativas en fábricas de papeles inútiles: es cada vez más frecuente el hecho de que las normas tengan extraordinaria carga ideológica y que estén determinadas por un dogmatismo legislativo contraproducente. (iv) La sobreabundancia de normas, complica su aplicación, plantea conflictos de interpretación y neutraliza su eficacia. En el país rigen teóricamente cientos de miles de disposiciones que provienen de las más diversas fuentes. Nadie es capaz de entender qué es lo que realmente está vigente, y si prevalece la ley o el decreto, la resolución o el reglamento, ni cuál es la razón para que el acto administrativo reforme la Ley, o, lo que es peor, cómo es posible que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional haya "reformado" a la Constitución, ni cómo se entiende que se cambien las reglas del juego por vía de interpretación.

3.- La desmoralización social.-
La pérdida del respeto a la Ley es el peor escenario para la sociedad. La ineficacia legal genera esa "cultura de ilegalidad" en que vivimos. Buena parte de las normas -todos sabemos- no tienen vigencia social, no se cumplen, y… todos tranquilos, mirando a otra parte, justificando el descalabro. En esas condiciones, sigue operando la fábrica de leyes, inmune a la realidad que le desmiente cada día, que deroga con sus prácticas los actos de poder, que genera esa especie de "legalidad paralela" hecha de recursos abogadiles, de trampas, que son secretos a voces. El drama está también en que las universidades enseñan la "legalidad oficial", pero nunca advierten el agujero negro de la realidad, donde prospera la otra verdad; donde muchos, en vista de la inutilidad de las leyes y de la caducidad de los procesos, han inventado la "jurisprudencia de la vida cotidiana." Donde no queda más que allanarse, por ejemplo, a que la audiencia laboral no sea en los siguientes veinte días, como dice la ley oficial, sino después de diez meses, como disponen la dictadura de la necesidad y la saturación judicial. Donde no queda sino conformarse con que el sistema de "juzgamiento oral", no sea oral sino escrito, como señala la comodidad del juez, o la pereza del abogado.

4.- Seguridad e impunidad.-
La seguridad jurídica y personal, que deberían ser la razón de ser del sistema legal y la tarea de la Constitución, son una hipótesis que no se cumple. Nadie puede, razonablemente, sustentar sus actividades, su plan de vida, en la certeza que deberían generar la Constitución y la Ley. Casi nada y casi nadie está seguro. Todo puede ocurrir. En semejante escenario, lo que prospera es la sensación de impunidad, la tentación de las medidas de hecho, la fuerza de la delincuencia y el miedo del ciudadano. Pregunto, en ese escenario, ¿tantas reformas, leyes nuevas, serán eficaces alguna vez?