Miguel Rivadeneira

Indolentes con los seres humanos

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La vida se apaga para unos servidores públicos debido a enfermedades catastróficas, pero el enorme gasto y el dispendio fiscal continúan pese a la crisis económica que agobia a la mayoría de ecuatorianos, más el aumento periódico de impuestos.

Para unos servidores, el buen vivir, elevado a secretaría y que con capricho se mantiene; pero para otros un viaje a la eternidad, sin haber recibido lo que disponen la Constitución, leyes y acuerdos vigentes. Un ejemplo de esos gastos infructuosos, sin resultados hasta hoy aunque pusieron la primera piedra hace ocho años y ofrecieron entregar el 2013, representa cerca de USD 1 200 millones en los trabajos iniciales de la refinería de El Aromo (Manta) y que hoy solo existen obras de movimientos de tierra.

Este Gobierno elevó a norma constitucional y mediante la Ley del Servidor Público (2010) y Ley de Educación Intercultural (2011) dispone la entrega de un estímulo y compensación económica a los servidores públicos y a los docentes que se acogieran a la jubilación voluntaria.

Igualmente, el acuerdo 100 del Ministerio del Trabajo regula claramente los procesos de desvinculación de servidores públicos y para acogerse al retiro por jubilación, de abril 2016.

Lo sucedido con la maestra fallecida hace poco, que sufría una enfermedad catastrófica, demuestra la indolencia que tienen con los seres humanos, en medio de discursos, cadenas y promesas de que estamos bien y no existe crisis económica, cuando la realidad evidencia lo contrario. Hay desesperación por conseguir créditos y recursos para mes a mes pagar sueldos en el sector público, tapar huecos fiscales, torear las deudas a los concejos cantonales y gobiernos provinciales y a los proveedores del Estado que se les ofreció poner al día hasta enero y ya vamos en junio.

Por su enfermedad terminal, la maestra había presentado papeles hace un año y murió sin recibir lo establecido legalmente. Interpuso una acción de protección y la “nueva justicia”, ágil y veloz con las demandas oficiales y lenta con los apremiantes pedidos ciudadanos, atiende una acción de protección a los siete meses, cuando ya había fallecido. Con su muerte se rasgan las vestiduras, disponen que se revisen este y otros casos y anuncian que entregarán a los herederos cuando ella necesitaba en vida durante sus últimos días. Se trata de endosar el problema a la “tramitología burocrática” que, según las autoridades, entorpecen los procesos (verdad pero a medias), cuando el hecho es que faltan recursos.

Pero el problema no solo es con los profesores. Existen casos en otras instituciones y empresas públicas que pretenden vender, que han fracasado, viven serios aprietos económicos, que demoran el pago de sueldos, donde también torean a quienes tienen enfermedades catastróficas, que están en la cuenta regresiva de su vida y pueden morir.

mrivadeneira@elcomercio.org