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Francisco Rosales Ramos
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El país mira absorto e indignado lo ocurrido en los últimos 10 años. No se registra en la historia un cúmulo de desaguisados, abusos, negociados, descontroles, despilfarros, como los ocurridos en la mal llamada “década ganada”. No hay día, desde el 24 de mayo, en que no se revele un nuevo acto de corrupción. La situación del IESS es de horror: se le extrajeron recursos para mantener el estado de propaganda, hasta el límite de dejarlo al borde del colapso. Y se tuvo la desfachatez de afirmar que como tenía ingresos mayores que los egresos (propio de una institución aseguradora) el gobierno dejaría de pagar lo que debía porque tales recursos los dedicaría a otros fines. Los contratos de carreteras, edificios, centrales hidroeléctricas, hospitales, escuelas, universidades, refinerías, poliductos, televisoras, periódicos y radios estatales, empresas de aviación, farmacéuticas, en fin, de toda obra pública, tienen sobre costos que muchas veces más que duplican su valor original y, además –y esto es muy importante– muchos tienen fallas o defectos estructurales que demandarán cuantiosas inversiones adicionales para su conclusión. Por alrededor de 500 contratos en fase de ejecución al término del gobierno del auto exilado en Bélgica, cuyo valor original era de USD 2. 00 millones, se han egresado casi 4 000 millones y harán falta 1 000 millones adicionales para corregir los defectos y concluir las obras. Es decir, se feriaron los recursos públicos con una irresponsabilidad que clama justicia en un país en el que subsisten la pobreza y marginalidad.

Y apenas se ha tocado la superficie. Todavía no se revelan oficialmente los negociados en ese mar pegajoso y mal oliente de la comercialización del crudo y sus derivados. Un periodista que ha dedicado los últimos años a indagar documentadamente lo que ocurre en este sector y que hoy –para escarnio de la administración de justicia– anda con un grillete en su tobillo, ha recogido en su libro El Feriado Petrolero, los valores de las enormes “comisiones” que habrían percibido los funcionarios e intermediarios de este sector. Miles de millones de dólares habrían ido a los bolsillos de estos revolucionarios.


El presidente Moreno prometió el primer día una cirugía radical contra la corrupción y él mismo ha dicho que entre el 60 y el 70 % de las instituciones están afectadas por este cáncer. Donde se pone el dedo salta el pus, han sido las palabras del jefe de Estado.

Pero el país espera que de las palabras se pase a los hechos. Las declaraciones no bastan. Es hora de una fiscalía independiente, ágil, sin miedo, sin ataduras, que cumpla su misión de titular de la vindicta pública; y de unos jueces honestos, independientes, conocedores del derecho, que adelanten los procesos e impongan las penas que prevé la ley a quienes traicionaron la confianza pública y se aprovecharon de los recursos de la nación.