Enrique Echeverría

Independencia

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7 de October de 2013 00:01

L a Función Judicial, por disposición constitucional, por tradición y convicción es independiente y debe permanecer independiente. Este concepto obliga a los jueces a evitar, con determinada conducta, sospecha de dependencia.

Nos referimos al caso concreto de la prohibición para que circule el libro 'Una tragedia ocultada', del misionero Miguel Ángel Cabodevilla, por iniciativa de un funcionario de la Defensoría del Pueblo.

Ante el pedido se produjo algo inusual: la señora jueza, en víspera cercana de que el libro se ponga en circulación en acto público, actuó con rapidez prohibiendo la circulación del libro, ante el repudio general.

Ante este suceso, provocado desde un sector del poder -la Defensoría del Pueblo- reaccionó el Ejecutivo, cuyos personeros desautorizaron semejante prohibición por constituir atentado a la libertad de expresión. Más temprano que tarde, quedó sin efecto la prohibición de la diligente jueza.

Este error no causa daño únicamente a la funcionaria judicial, sino que alimenta la sospecha de que muchos otros jueces estarían comprometidos con peticiones formuladas desde la alta esfera política, provocando -con la sola sospecha- pérdida de respeto para toda la Función, de tal manera que ya se plantea inclusive acción contra la exfiscal general de la Nación, Dra. Cecilia Armas, de cuya trayectoria, rectitud e independencia puede dar razón el autor de esta nota.

Es peligroso que los altos dignatarios del Estado proclamen tesis de reproche y hasta con cierta dosis de odio contra personas, instituciones y medios de comunicación.

No olvidemos que el 18 de noviembre del 2003, partidarios del presidente Lucio Gutiérrez quemaron ejemplares de periódicos; y que en el actual Gobierno, el 21 de septiembre del 2013 se hizo pedazos un ejemplar de periódico, ante el público.

Nunca faltan subalternos que, por iniciativa y riesgo propios, quizá pensando en agradar al poder, cometen excesos. Hay que controlarlos, pues hasta en la disciplina militar existe norma de la Constitución que dice: "La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten". Y en la vida política, aunque no hayan dado la orden, el acto de iniciativa propia del subalterno repercute en la alta esfera gobernante.

Hoy, cuando están enjuiciando penalmente a personeros del Gobierno pasado por torturas, desapariciones y más actos represivos, cabe tener cuidado porque después de otros 20 o más años, podrían organizar juicios penales por actos parecidos de subalternos que constituyan motivo de investigación y sanción, pues en nuestro Ecuador vivimos enjuiciando a los del Gobierno anterior, sin que se excluya a los expresidentes de la República, Vicepresidente, ministros de Estado, altos jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como a numerosos civiles.