Arturo Torres

Independencia, el desafío legislativo para el 2016

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Pese a una campaña sostenida sobre sus logros, la Asamblea no ha podido revertir la imagen de un organismo incondicional al Ejecutivo.

El último capítulo se escribió a inicios de diciembre cuando 100 legisladores de Alianza País aprobaron 15 cambios a la Constitución, incluidas la reelección indefinida y la denominación de la comunicación como servicio público.

Los asambleístas de AP no dudaron en viabilizar la tesis oficialista, pese a las críticas consistentes que a lo largo del año surgieron desde diversos sectores, especialmente de la oposición. Esta reclamaba la convocatoria a una consulta popular.

En este contexto, es paradójico que las cabezas del Poder Legislativo sean tres mujeres del movimiento de gobierno, que llegaron precedidas de grandes expectativas de cambio y que representan la irrupción del género tradicionalmente relegado en la política ecuatoriana. Basta recordar que solo dos décadas atrás le fue arrebatada la Presidencia de la República a Rosalía Arteaga, a quien le correspondía suceder al defenestrado Abdalá Bucaram.

Pero la llegada al Poder Legislativo de tres cuadros políticos femeninos aparece ahora como mera jugada de imagen del Régimen, en tanto ellas cumplieron sin objetar las consignas del proyecto oficialista.

Los números no mienten. Desde el 2013 que está en funciones el actual Parlamento, su acción fiscalizadora fue restringida: los asambleístas remitieron a la Presidencia de la Asamblea 183 pedidos de información sobre actos del Ejecutivo; solo 17 fueron respondidos, según el Observatorio Legislativo.

La Constitución de Montecristi debía durar 300 años; sin embargo, ha sido modificada en el recinto parlamentario a la medida de las necesidades del movimiento que está en el poder.
El segundo paquete de enmiendas que anunció el Ejecutivo las últimas semanas pondrá a prueba la capacidad de deliberación del Parlamento y, sobre todo, su nivel de independencia en función de intereses nacionales.