23 de January de 2011 00:00

Inconstitucional

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Julio Echeverría

La propuesta de consulta popular presentada por el presidente Correa para su calificación por la Corte Constitucional, revela las profundas inconsistencias del modelo constitucional diseñado en Montecristi, cuyo máximo promotor fue justamente el presidente Correa y su movimiento Alianza País. La convocatoria a consulta aborda varios temas, desde reformas en la aplicación de la justicia (prisión preventiva y medidas cautelares) hasta aspectos regulatorios de la comunicación. No obstante, el eje duro de la reforma es la intervención y el control de la administración de justicia, cuya transformación es abordada por las preguntas 4 y 5.

Las preguntas, y aquí radica su inconstitucionalidad, plantean una reforma de la estructura del Estado, y sin embargo se presentan simplemente como “enmiendas”, astucia a la que se acude para evitar los mecanismos de deliberación previstos por la misma Constitución para impulsar una reforma de este calibre. Para estos casos, la Constitución vigente, en su artículo 442, exige la discusión en dos debates en la Asamblea Nacional, y su posterior aprobación vía referéndum.

La propuesta de reforma altera los mecanismos para garantizar la despolitización de la justicia, viola procedimientos para la reforma de la Constitución y desconoce lo estipulado en el Régimen de Transición para la conformación de las instituciones previstas en la Constitución. De allí que la Corte Constitucional, instancia encargada de vigilar la constitucionalidad de la consulta debería descalificarla de inmediato.

Apenas a 2 años de la aprobación de una Constitución pensada para durar 300 años, se revelan sus fallas de origen. El quinto poder, que aparecía como una verdadera innovación constitucional, y como eje paradigmático de ese cuerpo normativo, ahora es descartado de un plumazo por la consulta; se le releva de su responsabilidad en la designación del Consejo de la Judicatura. Al mismo tiempo, se reforma la integración de este Consejo, introduciendo delegados políticos tanto de la Función Ejecutiva como de la Asamblea Nacional.

Las fallas de origen ahora se repiten con la consulta: experimentos e innovaciones institucionales apuradas, que no cuentan con los necesarios consensos construidos deliberativamente.

La propuesta presidencial institucionaliza, la intervención de la política en la administración de justicia, uno de los rasgos que en Montecristi fue presentado como justificación para romper la institucionalidad vigente hasta el 2007 y convocar a la Asamblea Constituyente. Antes a nombre de la lucha contra la partidocracia, ahora a nombre de la lucha contra la inseguridad, se pretende legitimar mediante el voto popular la violación de las instituciones democráticas.

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