El 30 de marzo del año en curso, el diario El País publicaba un editorial apoyando una propuesta de ley presentada por el Partido Socialista que intenta devolver a la radio y televisión pública “a la senda de la independencia”. La reforma planteada afecta al sistema de designación de las autoridades y busca que se requiera “de una mayoría cualificada de las Cortes para nombrar a los 12 consejeros, uno de los cuales desempeñará el cargo de presidente y deberá igualmente contar con el aval de dos tercios del Congreso”. Como se puede observar, en sistemas democráticos consolidados resulta impensable que los medios de comunicación pública estén al orden y servicio de los gobiernos de turno, peor aún que formen parte de una avanzada mediática que pretenda, en tiempos de elecciones, descalificar a un candidato y glorificar o adornar de cualidades a aquel que luce el emblema de candidato oficial. Y esto lo plantean y reclaman militantes de izquierda que, de alguna manera, entendieron que la democracia no necesariamente es la mitad más uno, sino es un sistema que busca que las diversas fuerzas políticas que ostentan representación popular sean escuchadas y sus criterios tomados en cuenta, para que al final las decisiones no sean impuestas a rajatabla desconociendo las propuestas válidas y sensatas que puedan provenir de sectores que no sean necesariamente el oficial. Adicionalmente ahí se establece de hecho un sistema de balance de pesos y contrapesos, en que el ganador reconoce que el triunfo no lo hace dueño de un botín sino que es elegido para dirigir una estructura en la que, necesariamente, tienen que reflejarse las diversas voces que integran el entramado social. El Estado no es el partido, eso sólo se observa en los proyectos totalitarios.
En palabras del diario madrileño “en toda democracia, los medios estatales están para atender las demandas de los ciudadanos y la radiotelevisión pública necesita un marco normativo que garantice la neutralidad política, la veracidad informativa y el pluralismo social (…) no puede seguir poniendo descaradamente sus telediarios o sus diarios hablados al servicio del Gobierno o del partido que lo sustenta. Retornar al consenso político para elegir a los máximos responsables es imprescindible (…) un proceso que exige restaurar la credibilidad, mejorar la calidad y garantizar su vialidad económica”. Salir de esos parámetros es inconcebible.
Sólo de esa manera se entiende la verdadera democracia. No son solo palabras y ofrecimientos de supuestas manos extendidas, para pasado el sofocón volver a prácticas autoritarias y a la anacrónica aspiración de imponer la verdad oficial. Si realmente se pretende construir un sistema democrático, el camino delineado por la centroizquierda española es el adecuado y debería operar para la integración de cualquier cuerpo colegiado o autoridad cuya designación esté delegada al sector legislativo. Buen momento para medir si realmente existe algún atisbo de cambio o simplemente observaremos más de lo mismo. Sin embargo, allí está la tarea pendiente para los demócratas con convicciones.