Benjamín Rosales

Incomprensible propuesta

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Es difícil entender el propósito de la propuesta de cambios al régimen laboral. Hay aspectos discriminatorios e inconstitucionales, otros que son incoherentes y aun contradictorios con la política de atracción de inversiones y cambio de matriz productiva del Gobierno.

El reparto del 15% de utilidades de las empresas a los trabajadores es un derecho alcanzado hace más de 50 años. En más de una ocasión ha habido propuestas, generalmente de empresarios, para eliminar o limitar este derecho. Esto ha sido rechazado por el pueblo en consultas, y por la Corte Constitucional. La propuesta gubernamental nuevamente quiere limitar este privilegio. Algún funcionario ha dicho que son apenas 16 000 personas las que se perjudicarían, como si esa cantidad fuera pequeña, o que por eso no fuera grave la violación a sus derechos adquiridos. En vez de limitar este derecho, los ecuatorianos deberíamos estar orgullosos de esta antigua legislación socialista que dispone distribuir parte de las utilidades de las empresas a sus trabajadores. Ecuador es uno de los pocos países donde eso ocurre. Estoy seguro que, sobre todo en las empresas con altas utilidades, este beneficio es también un factor que contribuye al éxito de las mismas, por lo que pocos empresarios piden limitar ese derecho. ¿Cuál es la razón para que el Gobierno lo haga? Aparentemente es para financiar la afiliación al IESS de “amas de casa”, aunque esta oferta no incluye la prestación de salud, tan solo serviría para que después de 20 años de aporte gocen de una pequeña pensión jubilar. Quitar ingresos a miles de trabajadores para dárselos a otros luego de 20 años no le dará beneficios políticos al Gobierno. ¿Será que están pensando en el uso de esos fondos que se acumularían en el IESS?

Otra insólita propuesta es limitar el ingreso de ejecutivos a 20 veces el nivel del salario más bajo. Considerando el actual sueldo mínimo, esto significa menos de 8 000 dólares. ¿Es legal reducir el sueldo de los que ahora ganan por encima de ese límite? ¿La disminución del impuesto a la renta de esos trabajadores no afectará al Estado? ¿En qué quedan los planes de cambio de matriz productiva y aumento de inversiones tecnológicas que aspira el Gobierno? ¿Vendrán o se quedarán en el país ejecutivos innovadores, al recibir salarios inferiores a los que percibirían en el extranjero? ¿No contradice esa política con los altos sueldos con los que el Gobierno remunera a los rectores de Yachay?

La eliminación del contrato a tiempo fijo, ¿no aumenta el riesgo para nuevos emprendimientos? Una pequeña empresa, ¿se arriesgará a nuevas contrataciones si el costo de despidos aumenta considerablemente? ¿Habrá nuevos empleos por eliminar el año de prueba, o habrá el efecto contrario?

Es difícil entender qué hay detrás de estas propuestas. De aprobarse, ¿le darían beneficios políticos al Gobierno? ¡Lo dudo! Creo que el Gobierno debe repensar mejor las reformas laborales, y proponer alternativas que impulsen mayor empleo e inversión.