Arturo Torres

Esa incómoda lista de Odebrecht

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Una de las condiciones de Odebrecht para revelar los nombres de los funcionarios ecuatorianos que recibieron sobornos por 33,5 millones es que no se inicien acciones penales o civiles en su contra en el país.

La noticia la divulgó el sábado pasado el presidente Rafael Correa, quien sostuvo que representantes de la empresa mantienen conversaciones con el fiscal Galo Chiriboga y con el procurador Diego García para llegar a un acuerdo.

Correa dijo que la propuesta era inviable, pues es inconstitucional e ilegal que se comprometa la autonomía de la Fiscalía y la Justicia a un acuerdo con la empresa brasileña que en otros países ya ha llegado a convenios de reparación.

Una vez más, Correa apuntala su discurso de acuerdo a las circunstancias. Hace siete años su posición era diferente. Concretamente, el 8 de julio del 2010 su Gobierno firmó un acta transaccional con Odebrecht, poniendo fin a tres años de litigios civiles y penales por los daños en la central hidroeléctrica San Francisco.

A condición de que Odebrecht repare todas las fallas detectadas en la central y pague una indemnización de USD 20 milllones, el Gobierno no dudó en ponerse de acuerdo con Odebrecht, con el compromiso de archivar el juicio penal que se había iniciado en Tungurahua, desvanecer las glosas que la Contraloría determinó y desestimar todos los reclamos arbitrales en este caso, incluida una demanda en París.

Una vez más primó la lógica que ha sido una constante en estos últimos diez años: el sometimiento de todas las funciones del Estado a los intereses del Ejecutivo, lo cual, como reconoce el propio Presidente, es una evidente violación de la Constitución y la Ley.

Pero claro, esta vez un acuerdo con la firma brasileña es totalmente inconveniente. Sobre todo porque entre quienes recibieron coimas a cambio de contratos se encuentran autoridades de este gobierno, según el informe del Departamento de Justicia de EE.UU.