8 de May de 2010 00:00

Incidencia efectiva

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Milton Luna Tamayo

En meses pasados, con gran preocupación grupos ciudadanos llamaron la atención sobre algunos puntos conflictivos contenidos en el borrador de la nueva ley orgánica de educación general: gobernabilidad, descentralización, financiamiento y calidad educativa.

La propuesta de gobernanza dibujaba un sistema educativo extremadamente centralista en el que el ministerio aparecía peligrosamente como un superactor que detentaba un poder muy amplio dejando de lado a muchos sectores que de no involucrarse se profundizaría la vieja y estructural crisis educativa. Hay que recordar que la educación es un tema de todos. No solo del Estado o de los maestros.

Por fortuna diversas voces alertaron sobre este potencial problema. En múltiples foros no solo criticaron el borrador de la Asamblea sino que manifestaron propuestas que apuntaban a la creación de un sistema educativo moderno y democrático que motive y reconozca la participación y corresponsabilidad de instancias estatales y sociales en el diseño y seguimiento de las políticas educativas, sin menoscabar una eficiente rectoría de la autoridad educativa nacional. En tal sentido, la propuesta configuraba un consejo nacional de educación que morigerara el gran poder del ministerio. Así dicho cuerpo debía ser integrado por actores estatales y sociales claves y ser dotado de poder y capacidad vinculante en el diseño y seguimiento de temas de política estratégica educativa: el proyecto educativo nacional y el plan nacional de educación.

Varias de estas ideas han sido recogidas por la Comisión Ocasional de Educación de la Asamblea. Tal vez la más importante: dotar al consejo de capacidad vinculante ya que será el encargado de aprobar el plan nacional de educación. Además en su interior estarán representados varios sectores relevantes: sistema de educación superior, representación de las regiones, municipalidades, juntas parroquiales, magisterio nacional (dos públicos y un privado), estudiantes (dos públicos y un privado), delegados de las organizaciones de padres de familia (dos públicos y un privado), Consejo de Nacionalidades Indígenas, delegado de la instancia de Planificación Nacional. La silla vacía también será activada para canalizar la participación de otros actores sociales.

Aunque en dicho consejo faltan otros sectores gubernamentales como ministerios de economía, cultura, salud, deporte, ciencia y tecnología y sociales, caso de los medios de comunicación y empresarios, sin duda que sus nuevas funciones y composición constituyen una buena noticia. Esto habla bien de la Comisión de Educación de la Asamblea, que ha sabido escuchar y recoger, y de la ciudadanía, que sabe reclamar y proponer.

Hay que esperar que el borrador de la ley tenga mejoras en temas de descentralización, financiamiento y calidad educativa. Veamos.

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