Incapaces

Incapaces, eso es lo que el Gobierno piensa de sus ciudadanos, incompetentes para tomar las decisiones adecuadas para su bienestar, víctimas de la acechanza del mal, que aparece para corromperlos bajo la apariencia de alcohol, de juegos de azar o de medios de comunicación malintencionados.

Frente a la perversión de la prensa, que oculta, miente, difama y distorsiona, la solución no es confiar en el criterio de las personas para distinguir el engaño; lo adecuado es establecer controles que impidan que la prensa diga lo que las personas no deben oír. Y es el Ejecutivo, el Presidente o sus ‘expertos en comunicación’, quienes distinguen, en última instancia, la verdad de la mentira, la difamación del control público, la mala intención del ejercicio de la libre expresión. Frente a los peligros de la embriaguez, que fomenta prácticas delictivas como el sicariato, lo correcto no es promover conductas más responsables en relación al alcohol; lo pertinente es impedir el acceso de las personas a la bebida. Bajo estas premisas, lo más coherente sería la prohibición comercialización de bebidas alcohólicas, o la clausura de los medios, excepto de aquellos que difunden la verdad oficial.

Sobre la prohibición de los juegos de azar, el Presidente en su cadena sabatina ha dicho: “No quiero señalar ejemplos muy concretos (¡!) pero veamos no más países vecinos y el daño que ha hecho esta clase de juegos de azar que ahorita incluso se hallan en pueblos de la Amazonía dañando la mente y los hábitos de los indígenas”. Los ecuatorianos en general somos incapaces de tomar decisiones sobre nosotros mismos y persistimos neciamente en conductas que nos dañan. Pero entre nosotros, quienes requieren de una especial atención son los indígenas, cuyas “mente y hábitos” deben ser protegidos, aun a su pesar. ¿Estamos hablando de una nueva versión del catecismo colonial, que pretendía preservar el alma de los indios a fuerza de látigo? En realidad el lapsus expresa fehacientemente la visión del régimen de la plurinacionaldad: grupos a ser protegidos pero no tomados en cuenta, descalificados por no haber ganado elecciones, excluidos de la cita de la Alba convocada para debatir sobre la interculturalidad.

Se habla de “revolución ciudadana” y de ampliar la participación, pero se toman acciones que nos acercan peligrosamente a una versión de estado fundamentalista. La acción de gobierno se entiende como un ejercicio de restricción o anulación de alternativas, y no como ampliación de opciones en un ejercicio de pluralismo deliberativo que potencie la maduración ciudadana. Parecería ser que el “buen vivir”, más que una opción, es una orden, un destino que han elegido para nosotros, al que debemos dirigirnos aun a nuestro pesar.

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