Hace 20 años tuve el gusto de conocer, conversar y entrevistar varias veces a un respetado hombre público peruano, José Ugaz, jurista que laborara en Proética, luego en el Banco Mundial y hace poco asumiera la presidencia de Transparencia Internacional. Lideró las investigaciones de grandes casos de corrupción en su país, tras los 10 años nefastos del gobierno de Fujimori, preso en Lima.
Ugaz fue desginado por el propio Fujimori para que ejerciera el cargo de Procurador Ad hoc y defendiera los intereses del Estado. Los casos de los delitos cometidos por el hombre fuerte de ese régimen, Vladimiro Montesinos, también preso en una cárcel de Lima, con el control de todos los poderes: judicial, electoral, legislativo, entes de fiscalización, FF.AA. y hasta parte del sector privado.
Uno de los aciertos de Ugaz fue pedir garantías para trabajar con total independencia, sin injerencia del poder. Tras un trabajo responsable se descubrieron dinero, bienes y cuentas bancarias millonarias en Suiza, Panamá y otros países. Escandalosos casos de corrupción a través de repartos de coimas a políticos y directivos de medios de comunicación. Se descubrió una enorme trama que vinculó al mandatario, que huyó al Japón pero fue extraditado, procesado y condenado. Decenas de políticos, personajes influyentes y varios jefes militares fueron tras las rejas y pagan penas por sus actos. Uno de los éxitos de estos trabajos fue no solo determinar las cuentas en el exterior sino recuperar más de USD 200 millones de esos dineros.
Son ejemplos concretos de eficacia en el combate a la corrupción. En nuestro país hay casos como el hallazgo, por información oficial revelada en su momento, de alrededor de USD 200 mil en billetes en unas oficinas del norte de Quito, vinculadas con contratos de obras del Consejo de la Judicatura de transición. Cerca de USD 500 mil , mediante cheques, para un asesor de la Corte Constitucional en el caso de una empresa cervecera. Recientemente los cientos de miles en billetes y cuentas millonarias encontradas de exfuncionarios petroleros, nombrados en este régimen.
Qué ha pasado con los juicios de repetición que la Constitución dispone que el Estado ejerza de forma inmediata en contra de las personas responsables de los daños producidos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Hace varios años hubo el caso de un juez que por su negligencia el Estado recibió una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana y hubo que indemnizar a un ciudadano francés con cerca de USD 500 mil. La impunidad se combate con acciones oportunas y resultados concretos, como se hiciera en Perú, sin permitir la fuga al exterior de los acusados, incluso que reconocieran sus delitos y hasta pidieran perdón pero se fueron tranquilamente, con la promesa de volver, o esperan que vomiten los comecheques de hace 8 años.