14 de diciembre de 2015 00:00

Alto a la impunidad

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Nelson Alfonso Dávalos Arcentales

La enmienda constitucional referente a la mutilación de la principal competencia de la Contraloría, como es el control de gestión, no tiene nombre. Es una aberración, un craso error. Se ha abierto las puertas para que los ladrones de los bienes y recursos públicos no puedan ser investigados. Estos hechos avergüenzan a todos los ciudadanos, incluidos los del mal y del buen vivir. Hasta cuándo callamos frente a tanta desvergüenza e impunidad.

La impunidad, de hecho, comprende todos los delitos que pasan inadvertidos a la justicia, ya sea porque los autores, cómplices y encubridores escapen a ella o ya sea por falta de investigación, obtención de pruebas o evidencias suficientes y competentes para enjuiciarlos y ser condenados. Ahora bien, cuando se trata de los delitos contra los bienes o recursos públicos, los Estados modernos o avanzados en materia de control mantienen las auditorías de gestión y, en algunos casos, la auditoría forense (concerniente a la investigación de los delitos de recursos públicos), como herramientas esenciales de las contralorías, tanto de Europa, EE.UU. como de Hispanoamérica. Para ello, cuentan con personal técnico y, a través de la aplicación de normas legales, procedimientos y principios de control. Es factible efectuar la verificación e indagación sistemática sobre actos dolosos y los resultados fraudulentos de las entidades públicas y poder castigar a esta clase de delitos.

La rendición de cuentas sobre el registro contable de las recaudaciones, gastos e inversiones, como pretende la famosa enmienda, de ningún modo registra los cohechos, las coimas, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, etc. En tal razón, era de primordial importancia la competencia de la Contraloría en el ejercicio de la auditoría de gestión. La enmienda que, de un plumazo, le quita esa competencia es un hecho incalificable y aberrante que da puertas abiertas a la corrupción y a la impunidad. Hoy la Constitución los protege y ha instaurado la impunidad. Las autoridades de control no lucharon para que esto no suceda; tampoco ejercieron esas facultades mientras las ostentaban. ¡Qué cobardía, qué vergüenza!  

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