El Gobierno acaba de enviar a la Asamblea Nacional una nueva reforma tributaria con la que ya acumula la docena en nueve años, es decir, más de una por año. No hay ninguna fuente creíble de información macroeconómica que estime crecimientos positivos este año 2016.
El Banco Mundial y el Credit Suisse estiman tasas negativas de aumento del PIB del -2% y del -2.5%, respectivamente. Esto quiere decir que los consumidores no están demandando al ritmo de anteriores años. Esta caída de la producción, llamada contracción económica o recesión, ha conllevado a que en el último año más de 100 000 personas pierdan su trabajo, viéndose afectadas con ello más de 400 000 personas. En ese entorno lo obvio es que el sector privado requiera oxígeno para seguir operando aunque sea a menor ritmo, y que de esta forma colabore a que la recesión pueda ser revertida en el menor tiempo posible. Es entonces incomprensible que con esta reforma se le reste aire al sector privado, con lo cual la caída de producción se tornará más severa y el desempleo y subempleo seguirán creciendo.
Se promueve el uso de dinero electrónico a través de la propuesta de devolver parte de la retención del IVA por medio de este instrumento de pago. Se debe tener absolutamente claro que cualquier uso que se le otorgue al dinero electrónico debe tener el respaldo en dólares. Preocupa mucho que el descalce de liquidez que ya registra el Banco Central entre sus obligaciones exigibles y sus activos líquidos ahora se le pueda ahondar con un nuevo pasivo llamado dinero electrónico.
Se busca desestimular el manejo de dinero líquido y promover el uso de otros medios de pago como tarjetas de crédito. Se reduce el monto exento del pago del 5% a la salida de divisas a tres salarios mínimos vitales, es decir, USD 1 098, y para ello se exime de este impuesto a consumos en el exterior con tarjeta de crédito en montos de hasta USD 5 000. Hasta podemos coincidir en esto pero lo de fondo, señores del Gobierno, es generar confianza. Con confianza nadie saca la plata al exterior ni necesita nadie caminar con un fajo de billetes en el bolsillo o guardar la plata debajo del colchón; con confianza y una política sana de impuestos y aranceles no se promoverían compras en Colombia y Perú.
Ya buscan legalizar que las asignaciones a los GAD se puedan reducir al monto efectivamente recaudado en impuestos y en petróleo. Y los nueve años anteriores con altos precios de crudo e impuestos crecientes, ¿porqué no transfirieron ese excedente proporcional a los municipios y prefecturas? ¿Se dan cuenta porqué era importante ser austeros?
Esta reforma tributaria es otra manera de seguirle restando capacidad de reacción al sector privado por los excesos del sector público. Le amputan los miembros al sector que les puede ayudar a salir del problema.