Marco Arauz

¿Más impuestos, más democracia?

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Uno de los ideólogos de la llamada revolución ciudadana afirmó, el lunes pasado, que los impuestos son fun­damentales en una sociedad democrática, pues quienes tienen más tributan más, y sobre esa lógica se asienta la redistribución y la obra pública. Hasta aquí, la argumentación es brillante. ¿Pero de qué modo se mide cuál es el equilibrio aceptable entre impuestos y democracia?

En un extremo están los países de tributación alta, normalmente economías de gran valor agregado, y en el otro los de tributación baja, cuya riqueza suele basarse en un solo producto.Los unos, se sabe, tienen un elaborado sistema de representación, altos niveles de transparencia y de participación. Los otros son Estados basados en la voluntad de una persona o de una familia, con alta opacidad en el gasto y con participación ciudadana nula o casi nula.

En estos días proliferan otros modelos más próximos al segundo caso: países en los que el Estado interviene fuertemente en la economía y en los que hay concentración del poder. Puede tratarse del peor de los mundos, pues en este último caso más impuestos no significan más reparto social, más transparencia y más participación, es decir, más democracia.

¿En cuál de los grupos estamos, ahora que están concretándose o se plantean nuevos impuestos? ¿Estos nos darán mayor democracia, si se entiende como tal no solo la plausible ­mejora de los indicadores sociales sino una auténtica injerencia de la ciudadanía en la cosa pública, a través de la capacidad de ­discrepar y de pedir cuentas?

La necesidad de mantener a toda costa un proyecto político y económico, con beneficiarios específicos y con enemigos declarados, suele hacer olvidar a los gobernantes que, como lo señalan varios teóricos, el conocimiento sobre los recursos y su destino determinan las relaciones de poder en una sociedad.

El cobro de impuestos genera una tensión social que solo se resuelve con representatividad adecuada y claridad en el gasto. Si bien amplias masas de personas quizás no están interesadas en la representación ni en la transparencia, que son ejercidas en este caso por quien se proclama el representante directo del pueblo, sí lo están quienes sostienen el gasto.

Eso implica, por ejemplo, tener la libertad de conocer las condiciones de las grandes y pequeñas contrataciones públicas, sin que eso signifique ser antipatriótico. O pedir explicaciones sobre la eficiencia del gasto público en determinado rubro, sin ser tildado de opositor. O, simplemente, discrepar sin ser declarado paria dentro de un sistema del cual se es parte, aunque sea como simple contribuyente.

Los gobernantes suelen olvidar que más impuestos y menos democracia -el peor de los mundos- es la mejor receta para que las presiones sociales desborden la institucionalidad, así esta haya sido apuntalada con autoritarismo, obra pública y subsidios.
marauz@elcomercio.com