Si a lo largo de la vida laboral una persona cumple cabalmente con sus obligaciones impositivas, laborales, de aportes a la seguridad social, de impuestos municipales, tasas, contribuciones de diversa naturaleza; si además ha presentado sus declaraciones patrimoniales debidamente justificadas, pues ha obedecido lo que la Ley manda.
Si además es un ciudadano esforzado que, como resultado de sus años de trabajo, ha podido expandir su patrimonio, ¿cómo el Estado puede destruir con un impuesto a ese emprendedor, a ese espíritu de lucha y esfuerzo? ¿Con qué derecho puede argumentar el Gobierno que ese trabajador debe pagar más de lo que ya ha pagado durante muchos años afectando la herencia de sus hijos para que un Estado obeso siga en su ruta de engorde?, ¿cuál es el pecado de querer dejarles a los hijos una herencia a que tengan una mejor vida que la que tuvieron sus padres?
Asoma como una explicación absolutamente forzada e inaceptable que el Gobierno sostenga que es para redistribuir la riqueza. La riqueza no se distribuye quitándole a nadie nada, sino con una buena política económica, con empleo y con crecimiento económico. Parece que quieren distribuir pero aplanando a todos hacia abajo, en lugar de promover que todos ascienden a estratos más altos. No es pecado tener un vehículo, o una casa de más de USD 70 000, que es el precio de la mayoría de las viviendas. Tampoco es malo que existan ricos, en todas las sociedades los hay. Lo importante es que esas fortunas sean bien habidas. Los buenos empresarios crean trabajo y ayudan al progreso de la economía y de la sociedad. Estas normas más que absurdas están destruyendo valor, están sepultando el espíritu emprendedor que deben tener todas las personas.
¿No será más justo y útil que el Gobierno haga una pequeña encuesta, de las que tanto hace, a ver a quién le gusta esta afectación del patrimonio? Parece una ley dirigida hacia aquellos que no buscan crecer ni progresar sino hacia aquellos que buscan apropiarse de lo que otros han creado. Suena confiscatorio y abusivo destrozar el legítimo derecho de los hijos a heredar lo que les corresponde de sus padres. Ya existe una Ley de Herencia, ya basta de cambios, no la toquen.
Delatan estas propuestas un espíritu de revanchismo social y de mezquindad. Tocan aspectos sensibles de la gente, como es el derecho a dejar a sus hijos el fruto de su esfuerzo. Una empresa que factura USD 900 000 al año y vale esa cifra ya estaría catalogada como una pyme, es decir, pequeña y mediana empresa. Pues esa hipotética empresa ya cae en el estrato del 75% de impuesto a la herencia, ¿qué tal? Veamos la reacción del mercado ante tamaña propuesta.
Algunos defenderemos hasta la muerte lo poco o mucho que podamos dejar a nuestros hijos. No vendrán a compararnos con países europeos con altas tasas de impuestos a la herencia, naciones sin pobres y con ingresos per cápita de más de USD 50 000 al año.