Columnista Invitado

Sobre el Impuesto a la Herencia

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Por José Hidalgo 
La entrevista publicada en este Diario al asambleísta oficialista Virgilio Hernández, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, sobre la modificación planteada por el presidente Correa al Impuesto sobre la Herencia, deja varios puntos que vale la pena analizar.

Hernández dice que “cualquier proceso de acumulación no solo demanda el esfuerzo individual de quien genere ese capital, sino que es un proceso social” y, por tanto, “cuando se provoca la herencia, tienen derechos no solo los herederos legítimos sino la sociedad”. El asambleísta no parece tomar en cuenta que todo “proceso de acumulación” que se enmarque dentro de la ley incluye necesariamente retribuciones a la sociedad. Un empresario, por ejemplo, está obligado a pagar los sueldos de sus trabajadores, a repartir una parte de sus utilidades anuales a los empleados (y a los demás accionistas de la empresa, si los hay) y a pagar varios impuestos nacionales y locales para poder desarrollar su actividad.

Pero más importante aún, la frase de Hernández incluye un supuesto sobre el que conviene detenerse a pensar: que el dinero que ingresaría al Estado por la modificación del Impuesto a la Herencia generaría un beneficio a “la sociedad”. Durante la gestión del presidente Correa el gasto de capital (la punta de lanza del discurso oficial para justificar su dispendioso manejo fiscal) se ha financiado con dos fuentes principales: los extraordinarios ingresos petroleros y nueva deuda. Los ingresos tributarios, en tanto, han servido para cubrir el creciente gasto corriente, en el que destacan los sueldos y salarios del sector público.

En este sentido, habría que preguntar a Hernández por qué asume que un mayor ingreso para el Gobierno a través de un confiscatorio Impuesto a la Herencia generará un beneficio social. ¿Acaso considera que los sueldos de la Secretaría del Buen Vivir, de la Superintendencia del Control de la Información o de los más de 300 funcionarios de la Secretaría de Comunicación, por mencionar algunos de los ejemplos de derroche fiscal, generan beneficios a la sociedad en su conjunto?

Hernández añade: “No puede haber una sociedad democrática mientras se sigan reproduciendo los patrones patrimoniales ni que la desigualdad se siga profundizando por el traslado del capital de una familia de los padres a los hijos”. Esta frase, muy similar a lo que dijo el presidente Correa durante su último Informe a la Nación, es en realidad una interpelación al propio Gobierno, pues sugiere que en el Ecuador, tras ocho años de ‘revolución ciudadana’, la educación –que junto con el esfuerzo individual es la base para el progreso de las personas en las sociedades avanzadas– no permite reducir las desigualdades y que, por tanto, estas se deben combatir haciendo que el Estado se apropie de una parte de la herencia que, gracias a su trabajo, una persona quiere dejar a su familia.