9 de June de 2010 00:00

Improvisación

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Carlos Larreátegui

A pesar de los valiosos consensos alcanzados entre los representantes del sistema universitario y los asesores de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, los asambleístas del oficialismo han vuelto a inclinar la cabeza frente a la Senplades y a reintroducir en el proyecto de ley de Educación Superior varias disposiciones absurdas e inconstitucionales que figuraban en el borrador inicial, elaborado por la consultora argentina Dra. Analía Minteguiaga. Cuando se pensaba que el proyecto, finalmente, había logrado consignar un acuerdo que garantizaría calidad académica y rendición de cuentas, y autonomía y libertad académica, la Comisión de Educación claudicó y se allanó a las fórmulas inconsultas y autoritarias propuestas por Senplades. Aunque el Proyecto final contiene varias normas que colocan a la universidad a merced de los gobiernos de turno y sus cambiantes funcionarios, los impactos más graves se relacionan con las instituciones de educación particular, en especial en lo referente a su financiamiento y Gobierno.

Las normas propuestas para regular el financiamiento de las universidades particulares determinarán fuertes incrementos en sus aranceles. Las instituciones cofinanciadas que reciben recursos del Estado, como las universidades Católicas de Quito y Guayaquil o la UTE, dejarán de hacerlo hasta que se encuentren plenamente acreditadas. Si consideramos que la Constitución determina que todas las universidades, así como sus carreras y programas -cerca de 3 000- deben estar acreditados, la recuperación de las rentas para esas universidades tomará años. Entre tanto, sus aranceles deberán ser incrementados, con lo que miles de estudiantes deberán buscar refugio en las altamente pobladas universidades públicas. Las autofinanciadas deberán soportar costos incrementales -se calcula un 50%- al ser obligadas a establecer pensiones diferenciadas, un 15% de becas, un 6% de inversión en investigación. Adicionalmente, deberán solicitar al nuevo Conesup la aprobación de los aranceles de más de 3000 carreras sobre la base de sus “costos de producción”. Nadie conoce a los genios que aprobarían costos tan complejos: carreras que subsidian a otras (ej. Medicina); costos financieros impredecibles; reservas para futuras inversiones e imprevistos; cuentas incobrables, etc., etc.

En lo relativo al gobierno de las universidades, la novel Senplades establece que los estudiantes tendrán un 50% de la representación de los profesores y los trabajadores un 10%. Estos grupos tendrán un peso determinante en la designación de todas las autoridades académicas de las universidades. Parecería que jamás la triste experiencia de la universidad pública ecuatoriana que naufragó en la política bajo un esquema similar no fue tomada en cuenta.

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