Carlos Larreategui

La implosión del Estado

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13 de July de 2011 00:01

¿Tienen algo en común el desaforado incremento de la delincuencia, los operativos criminales de personajes de la mafia internacional, la multiplicación de los accidentes de autobuses de transporte público, las crecientes invasiones de tierras de propiedad pública y privada, las innumerables muertes de recién nacidos, la circulación progresiva de taxis y transportes piratas, el peligroso desorden vehicular o el fortalecimiento imparable de monopolios y oligopolios? La respuesta es sí. Estos y otros problemas se originan en la disminución acelerada de la capacidad institucional del Estado para ejercer control y proveer bienes públicos mínimos como la seguridad, los derechos de propiedad, y, fundamentalmente, la ley y el orden. El diseño institucional adoptado por Alianza País a partir del 2007 infló un Estado débil e inoperante y llevó el alcance de sus funciones a escalas inéditas. Dicha expansión no estuvo acompañada de un fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado que permitieran asumir las viejas y nuevas tareas con eficacia. Al cabo de cuatro años de gestión, AP ha levantado un aparato estatal gigantesco y, al mismo tiempo, débil, contradictorio y fofo, incapaz de acometer funciones básicas.

El crimen organizado que castiga al país no surge del desempleo o la pobreza, como ciertos analistas opinan, sino de la incapacidad del Estado para aplicar con eficacia las leyes; dicho de una forma más gráfica, de la imposibilidad de enviar un policía provisto de un tolete para exigir el cumplimiento de la ley. No debería sorprendernos, aunque si preocuparnos, la intervención de las FF.AA. en las operaciones de seguridad interna. Los militares son el último reducto institucional con un cierto grado de capacidad operativa. Por ello se recurre erróneamente a ellos para administrar el petróleo o construir carreteras -de paso, claro, ganarse su favor. Sin embargo, la estructura militar no está concebida ni preparada para suplir las funciones de la Policía y su intervención en asuntos criminales tendrá un efecto fugaz y distorsionante.

Alianza País alista su intervención en la Función Judicial ante la mirada impasible de una mayoría ciudadana que ha perdido todo interés en la política y piensa, ingenuamente, que el descalabro institucional del Ecuador no es asunto que les competa. La selección política de magistrados incondicionales al Régimen debilitará aún más la capacidad institucional del Estado y entronizará la impunidad. Los jueces políticos son muy proclives a corruptelas y abusos y al final resultan el mejor estímulo para los grupos criminales organizados.

En contraposición a lo expresado por el Presidente Correa al promulgarse la Constitución de Montecristi, parecería que la fase destructiva de la revolución ciudadana no tiene fin.