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30 de August de 2013 00:02

He utilizado como título de este artículo el de la canción 'Imagine', del inglés John Lennon, uno de los grandes compositores del siglo pasado, e integrante del grupo The Beatles. Quiero imaginar, para efectos de lo que hoy escribo, un país en el que la división de los poderes se respeta, y los funcionarios públicos tienen libertad para actuar y decidir. En el que sus criterios, ajustados a la Constitución y la ley, no dejen dudas de que la seguridad jurídica es una realidad y no una utopía.

Quiero imaginar una nación libre de interferencias y órdenes antojadizas en beneficio de quienes ostentan el poder. Deseo imaginar un país libre de temor a las autoridades y a sus guardaespaldas. Imaginar un país en el que los sapos, culebras, papagayos se quedan en la selva, y no pululan por las cercanías de instituciones públicas con presupuestos millonarios.

En ese país al que la imaginación me transporta, su mágica Constitución ordena que una de las Funciones del Estado, la de Participación Ciudadana, nombra a ciertos funcionarios, como a los superintendentes, al Fiscal General, al Procurador, al Defensor del Pueblo (208). Imagino que esas designaciones cumplen los requisitos, y todos los elegidos son probos, independientes, amantes de la justicia y del Derecho. Que tienen personalidad y dignidad. ¿Imaginación o ingenuidad? Pero, siempre hay un pero en los relatos. En ese imaginario país, su mandatario es "propietario" de la Asamblea Nacional, a la que se le concede, entre otras atribuciones, la de fiscalizar los actos de las Funciones Ejecutiva, Electoral, Transparencia "y otros órganos del poder público" (209). Esa Asamblea podría decidir por "recomendación" del jefe, enjuiciar políticamente a esos funcionarios probos, no obedientes… ¿Existentes? Ante ese pedido, los asambleíst as obedientes, llaman a juicio a los "desobedientes" empleados elegidos por otra de las Funciones del Estado. Los censuran y destituyen (131). No contentos con esa resolución, y para castigar a ese "libre pensador" caído en desgracia, le asignan responsabilidad penal, para iniciar en su contra el juicio penal. Eso es posible: el mandatario tiene mayoría de votos en la Asamblea Nacional, es decir, el suficiente quórum como para sancionar a aquellos que osan discrepar o no acatar sus órdenes .

Lo relatado podría volverse verdad en este paisito, puesto que la Constitución prevé que los designados por una Función del Estado, pueden ser destituidos por otra. Y aunque por el momento parece improbable que suceda por la personalidad de los funcionarios públicos, no deja de ser una posibilidad para someter a los "indisciplinados". Los "libres pensadores" son necesarios en cualquier sociedad. Lo que en otras épocas era absurdo, es hoy realidad. La gente antes reía, hoy imagina sonrisas.