Gonzalo Maldonado

Iliquidez crónica

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Uno: gastos crecientes y difíciles de bajar. Dos: ingresos declinantes (el WTI comenzó a caer desde la semana pasada). Tres: financiamiento oneroso. Estos son los tres rubros que caracterizan el maltrecho estado de las finanzas públicas ecuatorianas y que se resume en una cifra tristemente elocuente: el país debe casi el 50% de su PIB.

Todos van a estar de acuerdo en que un escenario como aquel sólo significa una cosa: que entraremos en una fase de iliquidez crónica. Esto es malo porque significa que el nuevo Gobierno tendrá muy pocos grados de libertad para llevar adelante su agenda. En vez de ejecutar planes y programas tendrá que dedicarse a saldar o diferir el pago de las múltiples deudas que le acechan.

Será como manejar un negocio que se ha sido declarado en quiebra en vez de una empresa con deseos de expandir y mejorar sus servicios.

Todos van a estar de acuerdo en que tenemos un problema fiscal grave, pero pocos coincidirán en las políticas que se requieren para corregirlo.

El desafío de fondo consiste en llevar adelante una reforma que disminuya la exposición del Fisco al vaivén de los ingresos petroleros y que flexibilice la estructura del gasto público. Esto habrá que hacerlo con o sin FMI de por medio, pues se requiere con urgencia generar ahorro que pueda ser destinado a programas de reducción de deuda y a inversión social, sin paralizar el funcionamiento del sector público.

Será difícil coincidir en la mezcla adecuada de políticas, porque toda medida afectará o beneficiará los intereses de algún sector en particular. Por ejemplo, por el lado de los gastos se requiere disminuir el costo de la planilla pública, lo que supondría despidos y menos contrataciones. También será necesario entregar al sector privado el manejo de muchos rubros de inversión que ahora mismo no tienen posibilidad de ejecutarse por falta de financiamiento.

Por el lado de la deuda, se tienen que establecer mayores controles al endeudamiento público, además de refinanciarla, con el aval del FMI.
Por el lado de los impuestos habrá que eliminar varios –el ISD y el anticipo al Impuesto a la Renta, por ejemplo– compensando esa reducción de ingresos con una selección más eficiente de los gastos.

En suma, la reforma fiscal que el país necesita para consolidar su estabilidad económica es un tema erizado de dificultades, que inevitablemente deberá ser resuelto por la sociedad ecuatoriana.

Hasta que eso no ocurra, el nuevo Gobierno –cualquiera que este sea– seguirá colocando bonos en el mercado internacional y local para cubrir sus necesidades de efectivo. ¿Qué sucederá si esos bonos no pudieran ser absorbidos por el mercado? ¿Hasta cuándo puede un país llevar una vida de iliquidez crónica? Son preguntas cuyas respuestas podrían resultar escalofriantes.

@GFMABest